Las organizaciones de defensa de los migrantes Al Otro Lado y Haitian Bridge Alliance, y un grupo de 10 personas solicitantes de asilo ubicados en la ciudad fronteriza de Tijuana, México, presentaron el pasado 27 de julio una demanda colectiva ante un tribunal federal en contra del Gobierno de Joe Biden por rechazar a las personas que solicitan asilo en los puertos de entrada de la frontera sur de Estados Unidos.
Así lo confirmó a EFE este lunes la activista Nicole Ramos, directora de Al Otro Lado, quien resaltó que “la demanda impugna la política ilegal y la práctica generalizada de la administración actual de exigir una cita previa a través de la aplicación para teléfonos inteligentes CBP One, del gobierno federal, para presentarse en un puerto de entrada y solicitar asilo”.
Ramos refirió que, en virtud de la nueva política de devolución del gobierno federal, las personas que no pueden conseguir una cita con CBP One “son rechazadas ilegalmente y se les niega por completo la oportunidad” de acceder al proceso de asilo de Estados Unidos dejándolos en una situación de vulnerabilidad.
“La ironía es que el Gobierno rechaza a las personas dejándolas varadas en campamentos y albergues en ciudades fronterizas mexicanas que son tan violentas que el propio Departamento de Estado de Estados Unidos limita los viajes de sus empleados en estas regiones”, dijo.
La activista contextualizó que el 12 de mayo de 2023 la Administración Biden promulgó una norma que establecía una prohibición general de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México y que contemplaba la aplicación CBP One como el único medio para solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos”.
“Aunque la norma ha sido recientemente declarada ilegal, sigue en vigor mientras el caso sigue su curso en los tribunales y el Gobierno Federal no ha dado ninguna indicación de que vaya a cambiar su política de devolver a los solicitantes de asilo que no tienen una cita CBP One, independientemente de si la norma sigue en vigor o no”, dijo Ramos.
Recalcó que la demanda sostiene que la política del Gobierno de devolver a los solicitantes de asilo que no tienen una cita CBP One viola la ley de Estados Unidos, la propia orientación del Gobierno, los derechos de los solicitantes de asilo al debido proceso y las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional, «que prohíbe al Gobierno devolver a los refugiados a países donde se enfrentan a la persecución o la tortura”.
También ahondó en que la demanda denuncia que, desde su creación, la aplicación CBP One ha sido inaccesible para las personas más vulnerables y marginadas que buscan seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México.
Sólo aquellos que dominan alguno de los pocos idiomas que admite la aplicación y disponen de un teléfono inteligente relativamente nuevo, una conexión a Internet fiable y electricidad son capaces de navegar con éxito por la aplicación.
“Incluso en las mejores circunstancias, la aplicación CBP One es notoriamente defectuosa, y su discriminatoria tecnología de reconocimiento facial ha impedido a muchos inmigrantes negros y de piel más oscura obtener una cita”, condenó Ramos.
Agregó que la demanda también documenta numerosos casos en los que solicitantes de asilo, incapaces de obtener una cita con el CBP One, pidieron asilo en un puerto de entrada, sólo para ser rechazados por los agentes fronterizos.
Ramos cerró confirmando que este lunes la demanda fue admitida por la corte, por lo que ahora esperan una resolución a su favor, porque consideran que “el acceso al derecho a salvar vidas no debería depender de una fallida aplicación de teléfono inteligente”.
