Tras revelarse que eludió una orden judicial que la obligaba a someter el rediseño de los libros de texto a consultas previas y a otros requisitos legales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) argumentó que no ha sido notificada oficialmente del requerimiento.
«Hasta el momento, la SEP no ha sido notificada oficialmente del requerimiento de amparo al que se refieren hoy diversos medios de comunicación. En cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación. La SEP reitera que ha sido respetuosa de cada acuerdo judicial de los que ha sido notificada», afirmó.
REFORMA publicó que un juzgado federal emplazó a la SEP a cumplir con la suspensión definitiva ordenada desde mayo tras un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia.
«Las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento cabal a la suspensión», advirtió el juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, que lleva el amparo-
La Jueza Yadira Mena ya había resuelto, el 29 de junio, que existía desacato a la suspensión, luego de que la titular de la SEP, Leticia Ramírez, y el director de Materiales Educativos, Marx Arriaga, se negaron a enviarle copias de los libros de primaria y secundaria, del ciclo 2023-2024.
En un comunicado, la SEP afirmó que cumplió con el desahogo de requerimientos judiciales.
«(La SEP) informa que ha cumplido escrupulosamente el desahogo de requerimientos judiciales y, en observancia al principio de legalidad, señala que se encuentra en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos (sintéticos) que han constituido la base para la elaboración de los nuevos LTG», aseveró.
Diversas han sido las inconformidades de organizaciones de la sociedad civil y de especialistas sobre el contenido de los libros de texto que se pretenden entregar el próximo ciclo escolar que inicia en agosto.
Israel Sánchez Martínez, encargado del despacho de la oficina de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) – que promovió uno de los amparos- lamentó que la SEP haya ignorado la suspensión definitiva que una jueza de la Ciudad de México les concedió y se estén distribuyendo los ejemplares a las entidades.
Calificó esta acción como un desacato y advirtió que como organización reservan su derecho a continuar con medidas legales.
Indicó que están informando a los padres de familia sobre su derecho de regresar los libros de texto.
A ellos como organización, refirió, les entregaron apenas los contenidos de primer grado de primaria hace dos semanas, lo que consideró tardío.
«Los libros sabemos de primera instancia que no cumplen con los planes y programas. Estamos a la espera de que si se entregan, vamos a actuar conforme a derecho», explicó.
«Si no cumplieron el rigor de la ley, pues para atrás. Como padres de familia tenemos el derecho a decir: ‘necesito el libro que está autorizado conforme a la ley, si no está, pues no me puedes entregar este otro’. Tan sencillo como eso, porque ni siquiera está apegado a planes y programas de estudio».
