Lisboa es el escenario desde este martes de la Jornada Mundial de la Juventud, el mayor acontecimiento católico del mundo, que reúne a un millón de fieles atraídos por la presencia del Papa Francisco en un evento sin precedentes para un país sacudido por el escándalo de los abusos a menores en la Iglesia católica.
Cientos de miles de voluntarios y peregrinos llegados en los últimos días a distintos puntos de Portugal se concentran este martes en la capital para sumarse a la primera JMJ post-pandemia, que el miércoles miércoles recibirá la visita del Papa.
Una misa multitudinaria en el emblemático parque de Eduardo VII, donde se ha instalado un altar monumental, abrirá la cita que concluirá el domingo con cifras inéditas en Portugal: decenas de millones de inversión -pública y privada-, más de un millón de visitantes, entre 16.000 y 20.000 agentes de seguridad y unos 5.000 periodistas y técnicos acreditados.
La gran fiesta de la comunidad católica ha supuesto un extraordinario esfuerzo, logístico y económico, para un país donde el salario mínimo -760 euros- se asemeja al de Lituania o Malta y donde se agravan los problemas de vivienda, en especial para los jóvenes que, según un reciente informe, no logran salir del hogar paterno antes de los 30 años en promedio, por falta de medios.
La celebración ha alterado también la vida en Lisboa. Un impresionante dispositivo de seguridad ha tomado el centro de la ciudad, que amaneció con estaciones de metro cerradas, vías cortadas, miles de jóvenes en las calles y teletrabajo en buena parte de las empresas.
Durante cinco días se sucederán las misas y encuentros con el pontífice, y los conciertos y vigilias, según el programa oficial, que no hace mención alguna al gran escándalo que sacude desde hace meses a la Iglesia lusa: los abusos a menores.
¿Encuentro con víctimas de abusos?
La JMJ celebra esta edición en un país que hace seis meses descubrió que no es una excepción en el drama de los abusos, tras una investigación que reveló que al menos 4.800 menores fueron abusados en la Iglesia católica portuguesa, cuya tibia reacción provocó la indignación de amplios sectores de la sociedad.
Las víctimas lamentan el silencio del programa oficial sobre el tema y reclaman una condena pública de boca del Papa.
Entre ellos Antonio Grosso, cuyo testimonio forma parte de la investigación sobre la violencia sexual en la Iglesia lusa y que ahora integra la asociación «Corazón Silenciado».
Grosso tiene esperanzas en un posible encuentro, privado, de un puñado de víctimas con el Papa durante la JMJ y confía en que Francisco lance una «manifestación pública de apoyo» y contribuya a «concienciar» a la juventud.
«Es preciso hacer un aviso para que nunca más esto se repita», insistía en una entrevista con EFE en vísperas de la Jornada.
Las víctimas reclaman una legislación contra la prescripción de los delitos que ha beneficiado a muchos de los abusadores porque «nunca prescribe el drama de una niña violada, ni de un niño abusado», lamenta Grosso.
La asociación quiere también denunciar la reacción de la jerarquía católica que, continúa Grosso, «encubrió abusos» y lanzó comentarios «indignos».
La CEP dejó en manos de los obispos la decisión sobre los sospechosos. Como resultado, cerca de una quincena de sacerdotes fueron apartados pero algunos han retomado su actividad.
Las críticas llegaron incluso desde la más alta instancia del Estado, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, conservador y católico practicante, que no ocultó su «desilusión» con la respuesta de la Iglesia lusa.
Indignación y protestas
En contraste con el silencio oficial, la denuncia ha llegado a las calles de Lisboa.
Con los colores propios de esta JMJ, amarillo, rojo y verde -mezcla de las banderas del Vaticano y de Portugal-, carteles salpicados por la ciudad recuerdan a los 4.800 menores abusados.
La campaña surge de ciudadanos anónimos que, según la emisora TSF, lograron financiación de cientos de personas para mostrar su «indignación» y reconocer a las víctimas.
La Iglesia evita la polémica. «Hagan lo que entiendan que deben hacer, con respeto a la ley», afirmó este lunes Manuel Clemente, el cardenal patriarca de Lisboa.
