La diputada federal María Elena Pérez-Jaén presentó 47 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades cometidas en la Comisión Nacional del Deporte y la Secretaría del Trabajo que ocasionaron un daño al erario por 666 millones de pesos.
La legisladora, quien entregó los escritos en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, consideró que las irregularidades pueden ser constitutivas de la comisión de los delitos de ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad y peculado.
Los hechos fueron cometidos entre 2019 y 2021, tanto en la Conade, bajo la dirección de Ana Gabriela Guevara, como en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cuando su titular era Luisa María Alcalde.
En el caso de la Conade, las irregularidades ascienden a 496 millones de pesos, en tanto que en la Secretaría del Trabajo la afectación es de 170 millones de pesos en la operación del programa «Jóvenes Construyendo el Futuro».
La legisladora indicó que las irregularidades fueron reportadas, en su momento, por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y, pese al tiempo transcurrido, no fueron solventadas, por lo que la afectación al erario sigue vigente.
Del total de denuncias, detalló, 19 fueron contra la STPS y 28 contra la Conade.
Por estos mismos hechos, Pérez-Jaén, quien es integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, presentó hace unas semanas denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia a la que le corresponde investigar las responsabilidades administrativas.
Entre los hechos denunciados está el pago de 15.6 millones de pesos a 29 entrenadores de nacionalidad cubana que no contaban con acreditación ante el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; así como pagos por 14.9 millones de pesos a Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMSA), sin que esta acreditara la prestación de los servicios.
También, está el pago por 7.9 millones de pesos a la empresa Cascada Bienestar S.A.P.I. de C.V., por la adquisición de 86 aparatos deportivos de fuerza, sin acreditar que la Conade los haya recibido o que cumplieran con las características solicitadas en el contrato.
En el caso de la Secretaría del Trabajo, la dependencia hizo pagos a beneficiarios fallecidos, así como a jóvenes que no cumplían con los requisitos para pertenecer al programa.
