En un hecho inédito, un juez federal inició anoche un proceso a un abogado, por denunciar presumiblemente con hechos «falsos» al titular de la Fiscalía General de la República.
Se trata de Oscar Zamudio Campos, defensor del ex director de Pemex, Carlos Treviño Medina, a quien la FGR atribuye haber denunciado con afirmaciones falsas a Alejandro Gertz Manero, por tortura psicológica a Emilio Lozoya.
José Rivas González, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, consideró que la Fiscalía ofreció los datos mínimos de prueba para procesarlo por un delito de abogados, patronos y litigantes que consiste en «alegar» a sabiendas hechos falsos o leyes inexistentes o derogadas.
«Ha quedado demostrado y de manera objetiva que denunció actos que hasta este momento se consideran falsos, todos los que denunciamos hechos y, más es la obligación de los abogados, saber las consecuencias de nuestras acciones, por lo que se pone en peligro la buena administración de justicia», resolvió el juez.
En la historia reciente, no hay registro de un litigante que hubiese sido llevado ante los tribunales penales por «falsedades» en agravio de un Fiscal o Procurador General de la República. Con Zamudio, el Ministerio Público Federal rompió lo que parecía una regla centenaria.
El delito que le atribuyen, sancionado con 2 a 6 años de prisión, no ha sido reformado por el Legislativo ni invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el año de 1931, según dijo anoche el Juez Rivas.
Para Zamudio, este asunto penal puede no ser el único, pues ayer el Fiscal Manuel Granados Quirós amagó con presentar ante la justicia una nueva imputación en su contra por el delito de extorsión, basada en los mismos hechos, ya que dijo que el procesado pretendió usar ilegalmente su denuncia para cancelar la acusación contra Treviño.
Al final de una audiencia de ocho horas y media, la FGR pidió suprimirle al procesado la cédula profesional, para que no ejerciera como abogado, argumentando que podía presentar de nueva cuenta «denuncias falsas», sin embargo, el juzgador rechazó imponerle esta medida cautelar.
También negó a la Fiscalía obligar a Zamudio a una presentación periódica en la Unidad de Medidas Cautelares, prohibirle salir del país o retirarle su pasaporte.
Rivas González consideró que, además de que el riesgo de fuga era una apreciación subjetiva de la FGR, la imposición de cualquiera de estas medidas cautelares iba a afectar no sólo al procesado y sus ingresos económicos, sino también a sus representados, pues los dejaría sin defensa.
En su resolución, el juez también fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria, la cual fenecerá el próximo 8 de septiembre.
El hecho que le atribuyen a Zamudio es haber presentado el 29 de julio de 2022 una denuncia «falsa» contra Gertz y Juan Ramos López, Fiscal Especial de Control Competencial, por la presunta tortura psicológica a Lozoya para obligarlo a declarar y acusar a Carlos Treviño de recibir sobornos en el contrato de Etileno XXI.
La querella se basa en buena medida en las llamadas telefónicas intervenidas a los dos mandos de la FGR -difundidas en junio del año pasado-, en las que Gertz es exhibido presionando a Emilio Lozoya Thalmann -padre del ex director de Pemex- para que se desista de un amparo y despida al abogado Javier Coello Trejo.
La FGR ofreció 19 datos de prueba contra Zamudio, mientras que la defensa presentó 3, de los cuales uno de ellos, los audios de las conversaciones de Gertz y sus transcripciones, fueron anulados por el juez, por haber sido obtenidas sin orden judicial o consentimiento de uno de los interlocutores.
Rechaza juez audiencia cerrada
El juez de control José Rivas González de inicio negó a la FGR llevar a puerta cerrada la audiencia de imputación y vinculación a proceso de Óscar Zamudio Campos.
La Fiscalía pidió que no estuvieran presentes público y medios de comunicación, ya que iban a ventilarse datos que podían afectar la honra y el buen nombre de implicados en otras carpetas de investigación, lo que constituiría una violación a la presunción de inocencia.
Si bien el juez negó la petición, porque no advirtió una afectación a las partes, a lo largo de la audiencia no se dieron a conocer más nombres de terceros que los de Emilio Lozoya y su padre.
«La FGR ya no es autoridad sino parte, a partir de este momento; no hemos visto que vaya a comparecer otra persona y no encuentro ninguna justificación para la excepción del principio de publicidad», dijo el juzgador.
Durante la audiencia de ayer, los Fiscales federales Manuel Granados Quirós y Kristian Jiménez Hernández cuestionaron que en su denuncia Zamudio hiciera afirmaciones categóricas contra Gertz y Ramos, sin el menor asomo de duda, suposición o probabilidad.
Reclamaron que el denunciante acusara con absoluta certeza a Gertz y su mano derecha de torturar a Lozoya, sin manifestarlo de manera presumible, pese a que no representa legalmente al ex director de Pemex ni le constaba que éste hubiese sido víctima de malos tratos.
Los fiscales además señalaron que el denunciante elaboró su querella con base en pruebas ilícitas, dado que las conversaciones telefónicas de Gertz no fueron autorizadas por un juez.
También acusaron al litigante de usar «maliciosamente» esta denuncia, porque su propósito no era sancionar una probable tortura, sino buscar que las declaraciones de Lozoya contra Treviño fueran canceladas y, como consecuencia, se anulara la audiencia inicial contra el regiomontano hoy evadido de la justicia.
Granados dijo que, derivado de una orden judicial del pasado 23 de noviembre, la FGR interrogó a Lozoya y su padre el pasado 6 de diciembre y ambos negaron haber sido objeto de torturas, razón por la que la Fiscalía decretó la abstención para continuar con la investigación.
«Lo que dicen esas personas, en esos términos, es falso», declaró Lozoya, mientras que su padre manifestó que ni conocía ni tenía autorizado a Zamudio como abogado.
Otro hecho que los fiscales trajeron a colación es que el litigante no tiene reconocido el carácter de defensor de Treviño desde el 7 de septiembre de 2021, fecha en que el regiomontano no compareció a su audiencia de imputación en Almoloya de Juárez y el juez de control pidió a la FGR investigar al abogado por abandono de defensa.
El procesado respondió que seguía siendo abogado de Treviño, aunque admitió que en esa carpeta de investigación no le tienen reconocida esa calidad.
Responsabilizan a Gertz
Marco Tulio Martínez, defensor de Zamudio, expuso que la FGR omitió decir que en la relatoría de la denuncia cuestionada se antepone la frase «salvo error de apreciación» a las afirmaciones, lo que confiere a los hechos un grado de presunción.
«Responsabilizo a la FGR y el Fiscal Alejandro Gertz Manero y el Fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, por cualquier cosa que pueda sucederle a mi representado», dijo el defensor.
Reclamó también la inconstitucionalidad y atipicidad del delito, es decir, que la figura penal imputada -alegar hechos falsos-, no se ajusta a la conducta que se pretende sancionar.
Dijo esto último porque el «alegato» es una figura jurídica considerada únicamente dentro de un proceso penal o cualquier otro procedimiento de naturaleza jurisdiccional. El juez, sin embargo, rechazó este y los demás argumentos.
«Alegar, desde el punto de vista gramatical, significa afirmar, y usted en su denuncia afirmó», dijo Rivas González.
«De la intención y de la redacción de su escrito (se infiere) que no era para inculpar, sino un medio defensivo para que la denuncia impactara en la carpeta de investigación de su defendido y se nulificaran las declaraciones en su contra».
Zamudio intervino para argumentar que el artículo 50 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura permite incluir en un juicio pruebas obtenidas a través de violaciones a los derechos humanos, como en este caso las escuchas ilegales. Pidió al juez que revocara su postura inicial, pero no lo consiguió.
El imputado fue interrumpido en algún momento por el juez cuando expresó que la Fiscalía era torturadora y que lo iba a sostener a lo largo de la diligencia. Le pidieron que no empleara calificativos.
En otro momento refirió que también era víctima de tortura Alonso Castillo Cuevas, cuya madre y abuela fueron perseguidas por Gertz, hasta que la Suprema Corte de Justicia canceló el proceso y la orden de aprehensión contra las dos mujeres que eran parte de la familia política del titular de la FGR.
«Cuando no les gusta un abogado les duele y ahora me quieren aplastar A mí no me llamaron para ratificar la denuncia por tortura ¿por palabras formalistas me van a vincular a proceso? Claro que estoy seguro, eso pasa en México», dijo Zamudio.
Minutos después, el Juez Rivas lo procesó. A las 23:29 horas concluyó la audiencia.
