Por Margil Zapata.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La sombra de la corrupción se cierne sobre la administración pasada de Tamaulipas, con acusaciones que apuntan a un desfalco de proporciones históricas. El diputado local Isidro Vargas Fernández, representante de Morena, ha levantado la voz contra lo que describe como un «saqueo del estado» por parte del exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, y su administración quienes, presuntamente, «se dieron vida de reyes». Según Vargas Fernández, el daño financiero asciende a la astronómica cifra de 20 mil millones de pesos.
«Hasta puede salir más. Dependiendo de los organismos públicos descentralizados. La solicitud a la ASE, que haga la revisión a fondo para que determine, lo más pronto posible, la responsabilidad y que se transparente y que se rindan cuentas de esas irregularidades que hubo en esos periodos», enfatizó.
En entrevista con medios de comunicación previo a la sesión pública extraordinaria —por parte de la Diputación Permanente— el diputado confirmó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha decidido actuar, anunciando la reapertura total de las cuentas públicas correspondientes al año 2021. Esta medida surge en un contexto de críticas dirigidas a los anteriores diputados del Partido Acción Nacional (PAN), acusados por Vargas Fernández de haber aprobado «a rajatabla» las cuentas públicas de la gestión de García Cabeza de Vaca, sin las debidas observaciones.
El asombro se hace patente cuando Vargas Fernández cuestiona cómo fue posible que dichas cuentas se aprobaran sin ninguna objeción, insinuando negligencia o complicidad en los procesos de revisión fiscal. La Junta de Gobierno del Congreso local, en colaboración con el Auditor interino, Francisco Noriega, ha acordado reabrir 159 cuentas del año 2021, sospechosas de estar manchadas por actos de corrupción y malversación de fondos.
La gravedad de las irregularidades encontradas en las cuentas del exejecutivo estatal podría llevar a su reprobación, una situación que pone en evidencia la necesidad de una fiscalización más rigurosa y transparente. Además, se ha revelado que el exauditor superior del estado, Jorge Espino, abandonó su cargo, llevándose consigo documentos oficiales; un acto que podría tener consecuencias legales serias, ya que el Congreso de Tamaulipas considera la posibilidad de emprender acciones penales en su contra, siempre y cuando la Junta de Gobierno dé «luz verde».
«El auditor que se fue dijo que los papeles eran de él; son públicos. Los expedientes de revisión de la Auditoria de la Cuenta Pública deben permanecer en poder de la ASE para que, obviamente, se transparente el ejercicio del gasto», refirió.
Y añadió: «no se dio una entrega-recepción como tal, pero, bajo los expedientes que tiene este Congreso, se ha podido alcanzar una parte de las observaciones y revisar los hallazgos que hubo en ese entonces».
