El informe conjunto del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha destacado que Bolivia enfrenta un agravamiento de la inseguridad alimentaria. El gobierno actual responsabilizó directamente a las acciones de Evo Morales y sus seguidores por esta situación crítica.
Impacto de las protestas en la cadena alimentaria
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, declaró públicamente que «Bolivia es un país productor de alimentos, tiene un potencial muy grande, pero todos estos bloqueos que ha realizado el señor Evo Morales y sus secuaces ha generado desabastecimiento y especulación». Esta declaración se refiere específicamente a las protestas prolongadas por dos semanas que interrumpieron el transporte de mercancías esenciales.
Las acciones de protesta se centraron principalmente en Cochabamba, una región clave para el movimiento político de Morales. Este departamento central sirve como punto de conexión entre las zonas occidentales y orientales del país, siendo fundamental para el transporte de productos agrícolas.
Operación de desbloqueo y sus consecuencias
El presidente Luis Arce ordenó a las fuerzas de seguridad intervenir para restablecer la circulación en las carreteras bloqueadas. Esta decisión se tomó considerando que la situación afectaba directamente a la población y exacerbaba la inflación. La operación concluyó con un saldo trágico: cuatro policías y dos civiles fallecidos durante los enfrentamientos.
Los partidarios de Morales decidieron suspender temporalmente los bloqueos como medida «humanitaria», aunque advirtieron sobre la continuidad de sus movilizaciones contra diversos problemas económicos como la inflación, escasez de divisas y combustibles.
Diagnóstico internacional de la situación
El informe internacional detalla que «se prevé que la inseguridad alimentaria aguda se deteriore durante el período de pronóstico, debido a la alta inflación sostenida y la disminución de las reservas de divisas». Según los datos proporcionados, 2,2 millones de bolivianos (el 19% de la población) ya se encontraban en situación de inseguridad alimentaria aguda a octubre de 2024.
La crisis energética también afecta al sector agrícola, especialmente la producción de maíz. La escasez de combustible dificulta las actividades relacionadas con la agricultura, agravando una situación que ya era crítica por una cosecha inferior al promedio en 2024.
Antecedentes económicos del país
Bolivia enfrenta dificultades económicas desde 2023, principalmente por la caída de sus reservas internacionales netas y la reducción de ingresos provenientes del sector petrolero. La inflación alcanzó niveles históricos, cerrando 2024 en 9,97% – el porcentaje más alto desde 2008 – y acumulando un 9,8% en los primeros cinco meses de 2025.
El precio del combustible, que se ha mantenido en 3,74 bolivianos por litro durante dos décadas, ha sido objeto de subvenciones estatales, pero la irregularidad en el abastecimiento ha generado descontento social. Esta insatisfacción se traduce en manifestaciones cada vez más frecuentes, incluyendo demandas de renuncia al presidente Arce.
