Entre los meses de abril y junio de 2025, se reportó la inhabilitación de más de 510 mil teléfonos celulares en el país. Esta medida se implementó debido a que los dispositivos no se encontraban registrados en el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y estaban asociados a usuarios con antecedentes en el uso de códigos IMEI inválidos o duplicados. La acción forma parte de las estrategias gubernamentales para combatir el robo de equipos, el comercio ilegal y el uso de líneas móviles no regulares en actividades delictivas.
Ampliación del bloqueo y acciones directas
La presidenta Dina Boluarte ordenó recientemente el bloqueo de 130 mil equipos adicionales durante una visita al Centro de Monitoreo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Este organismo es el encargado de operar el sistema Renteseg bajo la supervisión del Ministerio del Interior.
Jesús Guillén Marroquín, presidente ejecutivo encargado del Osiptel, señaló que la modificación del código IMEI de un dispositivo está tipificada como una infracción penal. Además, indicó que Renteseg facilita la identificación de responsables para que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones necesarias.
Impacto del sistema desde su creación
Desde que se implementó el sistema Renteseg en 2017, se ha logrado una reducción del 38 % en los reportes diarios de robo de celulares. Hasta la fecha se han realizado más de 14.7 millones de bloqueos de IMEI alterados y se han suspendido 188 mil líneas móviles por repetir el uso de equipos no autorizados.
El sistema permite el intercambio de información en tiempo real para detectar conexiones sospechosas que puedan estar vinculadas a actividades ilegales. Actualmente se monitorea un grupo de más de 1.5 millones de dispositivos considerados de alto riesgo por no estar registrados en la lista blanca y mostrar patrones de uso asociados a actividades delictivas, como el uso de IMEI duplicados o reutilizados tras ser reportados como extraviados.
Acciones contra redes criminales y depuración de registros
Con la implementación de la tercera fase del sistema, se han bloqueado más de 1.2 millones de códigos IMEI. Esta medida busca interrumpir la reutilización de dispositivos ilegales y limitar la capacidad operativa de grupos organizados que actúan en distintas regiones del país. «Estos dispositivos habrían sido utilizados para cometer delitos, como la extorsión», afirmaron las autoridades.
El Gobierno también anunció una nueva etapa de revisión en el registro de usuarios móviles. A través de la colaboración entre Osiptel, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Migraciones y la Secretaría de Relaciones Exteriores, se iniciará un proceso para cancelar líneas móviles contratadas con datos inconsistentes o falsificados.
En abril de este año se dio de baja a 300 mil líneas móviles cuyos titulares no existían o presentaban información no verificada. En los últimos tres años, el total de líneas canceladas supera las 900 mil, muchas de ellas adquiridas mediante la venta informal de chips, una práctica aprovechada para actividades ilegales. «Estas líneas, según las autoridades, no deberían seguir activas ni estar disponibles para el uso por parte de redes delictivas».
Colaboración institucional y prevención
La coordinación entre Osiptel, Reniec y otras instituciones es fundamental para garantizar la precisión de los registros móviles. Las actividades incluyen revisiones periódicas y cruces de información con bases oficiales para identificar irregularidades que podrían no ser detectadas por las operadoras móviles.
Simultáneamente, se han incrementado las campañas de sensibilización dirigidas a los usuarios con el fin de fomentar la verificación del IMEI de sus equipos y su registro en la lista blanca de Renteseg, una acción que permite prevenir bloqueos automáticos y proteger el servicio contra usos inadecuados.
