Organizaciones empresariales cuestionan iniciativa de regularización
Representantes de cámaras empresariales expresaron públicamente su desacuerdo con la iniciativa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) orientada a regularizar propiedades ocupadas irregularmente mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra bajo tarifas subsidiadas.
Según su análisis, esta medida implica una formalización de la ilegalidad y podría comprometer los ahorros de numerosos trabajadores vinculados al sistema de vivienda. En un comunicado conjunto, los empresarios argumentaron que dicha propuesta va en contra del propósito legal del Infonavit, diseñado originalmente para salvaguardar el patrimonio de los derechohabientes, no para favorecer a ocupantes ilegítimos.
Preocupación por situación legal y financiera
Las organizaciones empresariales destacaron que de las 168,000 viviendas registradas por la Secretaría del Bienestar —de un total de 843,000—, el 86% se encuentra ocupado por individuos sin conexión legal ni con el Instituto ni con los dueños originales. Facilitar el acceso a estos inmuebles a precios inferiores al mercado, advierten, establecería un peligroso precedente legal y social.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró durante su rueda de prensa del 18 de junio que «la propiedad privada está resguardada» y aclaró que no se pretende afectar los derechos de los propietarios legítimos. A pesar de este posicionamiento, los empresarios insistieron en que deben existir acciones concretas que respalden esta declaración, destacando que la seguridad jurídica debe basarse en políticas claras y no en interpretaciones posteriores.
Críticas por crisis financiera y desviación de funciones
El sector empresarial también destacó la difícil situación económica del Infonavit, cuyo índice de morosidad subió del 7.8 en 2018 al 18% en 2024. Al considerar créditos segregados, el porcentaje de financiamientos en situación irregular alcanza el 32%, es decir, uno de cada tres préstamos presenta dificultades de pago.
Además, señalaron que la medida propuesta iguala a deudores con invasores, extendiendo a personas sin ningún historial con el Instituto beneficios destinados originalmente a quienes enfrentan dificultades de pago. En muchos casos, estas viviendas aún forman parte del patrimonio de quienes están al corriente o han terminado sus pagos.
Denuncia por desviación de funciones institucionales
Los representantes empresariales indicaron que el Infonavit carece de atribuciones legales para entregar escrituras o establecer contratos con personas no vinculadas al sistema, funciones que corresponden a otras entidades como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) o la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).
En su pronunciamiento final, los empresarios instaron a la Asamblea del Infonavit a detener cualquier intento de legalizar ocupaciones fuera del marco normativo vigente, insistiendo en la necesidad de mantener instituciones sólidas que operen bajo principios de legalidad, responsabilidad y transparencia. «Seguiremos alzando la voz para garantizar que el patrimonio de los trabajadores se respete y que el Estado actúe siempre dentro del marco de la ley», finalizaron.
