El lunes 24 de junio de 2025, un camión abandonó el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier en Tamiami Trail, Ochopee, Florida, en medio de intensos debates sobre el uso del sitio para un centro de detención migratoria. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, expresó preocupación sobre los posibles daños ecológicos que podría causar el establecimiento de este centro, apodado Alligator Alcatraz, aunque anticipó que comenzará a recibir detenidos inmigrantes la próxima semana.
Confrontación entre autoridades estatales y locales
La mandataria local destacó que “Están trabajando con mucha rapidez”, refiriéndose a la acelerada implementación del proyecto. Levine Cava indicó que no ha obtenido respuestas sobre los impactos ambientales del proyecto, a pesar de solicitudes formales. La administración del gobernador Ron DeSantis ignoró las peticiones de la alcaldesa por información detallada sobre salvaguardias ecológicas, seguridad y costos financieros antes de tomar control del aeródromo propiedad del condado.
Argumentos de emergencia nacional
Kevin Guthrie, director de la División de Gestión de Emergencias de Florida, justificó la premura en una comunicación oficial: “El tiempo apremia. Debemos actuar con rapidez para garantizar la preparación y la continuidad de nuestras operaciones estatales para ayudar al gobierno federal con la aplicación de la ley migratoria”. Esta declaración respalda el uso de poderes de emergencia para la implementación del centro.
Posición legal y económica del condado
Durante un evento público, Levine Cava reconoció los poderes ejecutivos que permiten al gobernador tomar control de instalaciones del condado, recordando que estas órdenes surgieron durante el mandato de Joe Biden. La alcaldesa señaló que espera que el centro empiece operaciones en días y que esté ocupado a partir del 1 de julio.
Controversia ambiental y opciones de preservación
La líder demócrata manifestó preocupación por el impacto ecológico en los Everglades. En una carta, solicitó que se incrementaran los 20 millones de dólares ofrecidos por el terreno. Además, reveló que el condado había considerado transferir la propiedad a un parque nacional o entidad conservacionista, como propuso en 2021 Rodney Barreto, presidente de la Comisión de Vida Silvestre de Florida (FWC).
Intereses de comunidades indígenas
Curtis Osceola, asesor principal de políticas de la tribu miccosukee, indicó que su comunidad ha mantenido conversaciones informales con Miami-Dade sobre la posibilidad de adquirir la propiedad para conservación ambiental. “No estábamos en negociaciones formales, pero nos interesa la tierra y nos interesa para fines de conservación”, afirmó.
“Creemos que el control fronterizo es importante. Creemos que los inmigrantes delincuentes deben rendir cuentas”, declaró Levine Cava a la prensa.
El estado de Florida, según Guthrie, está abierto a negociar términos de compra, aunque comenzará inmediatamente a utilizar partes del terreno. La alcaldesa, aunque no cuestionó la necesidad de un centro estatal de detención, enfatizó sus múltiples reservas sobre el plan actual.
