Donald Trump celebró públicamente la reciente determinación del Tribunal Supremo que avala su estrategia para restringir el acceso a la ciudadanía estadounidense, según informó este viernes. La alta corte permitirá que se reactive una directriz gubernamental que había sido frenada por litigios legales.
El mandatario utilizó su plataforma digital para expresar: «¡GRAN VICTORIA en la Corte Suprema de Estados Unidos! Incluso el fraude de la ciudadanía por nacimiento ha sido, indirectamente, duramente afectado». La resolución contó con el apoyo de seis magistrados conservadores frente a tres disidentes.
Implicaciones de la medida
La política en cuestión busca negar la nacionalidad estadounidense a niños nacidos en suelo norteamericano cuyos progenitores sean inmigrantes sin permiso legal o posean visas temporales. Esta interpretación contravierte la Enmienda 14 de la Constitución, que establece derechos de ciudadanía para todos los nacidos en el país.
«Gracias por esta decisión. Ahora podemos presentar con prontitud la solicitud para proceder con numerosas políticas que han sido prohibidas indebidamente a nivel nacional», manifestó durante una conferencia con la fiscal general Pam Bondi, quien destacó que el Ejecutivo recuperará facultades sobre asuntos migratorios.
Políticas migratorias ampliadas
El presidente señaló que esta resolución le permitirá implementar varias acciones controvertidas, entre ellas: interrumpir fondos para ciudades que protegen a migrantes indocumentados, suspender programas de reasentamiento de refugiados, congelar gastos gubernamentales considerados innecesarios y prohibir el uso de recursos públicos para procedimientos de reasignación de género.
La magistratura superior no valoró el fondo de la orden, sino que se concentró en cuestiones de jurisdicción, definiendo que los tribunales inferiores excedieron su alcance al bloquear nacionalmente la medida. Esta sentencia podría impactar en múltiples casos judiciales relacionados con decretos del actual gobierno.
«Los jueces han intentado apoderarse del poder ejecutivo, pero ya no pueden hacerlo», afirmó la fiscal general estadounidense.
La implementación de esta directriz deberá realizarse 30 días después de la notificación oficial del veredicto, de acuerdo con el criterio emitido por el Tribunal Supremo.
