Un juez impuso prisión preventiva contra José Luis Arellano Cuarón, propietario del crematorio «Plenitud», y Facundo Martínez Robledo, su empleado, por el descubrimiento de 383 cuerpos sin cremar en Ciudad Juárez, Chihuahua. El establecimiento, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, servía a múltiples funerarias y operaba con permisos sanitarios. Las autoridades determinaron que ambos enfrentarán cargos por inhumación, exhumación y violación al respeto debido a cadáveres.
Investigación y hallazgo de cuerpos
El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, confirmó que los cuerpos encontrados tenían hasta cuatro años de antigüedad y fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO). El hallazgo se produjo el 27 de junio, cuando un ciudadano reportó olores fétidos y un cadáver en una carroza funeraria abandonada en el lugar. La fiscalía detalló que los cuerpos permanecían embalsamados, evitando una descomposición avanzada, pero ninguno había sido incinerado. Se espera una audiencia de vinculación a proceso el 4 de julio.
Consecuencias legales y posibles sanciones
Las autoridades investigan posibles omisiones por parte de instituciones responsables de supervisar crematorios y funerarias. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, describió el caso como «muy grave y de terror», asegurando que el gobierno está actuando con firmeza. César Jáuregui destacó que se busca la pena máxima, que podría alcanzar los 17 años de prisión, y que se realizará una investigación exhaustiva para evitar la revictimización de las familias afectadas.
Responsabilidad de las funerarias
La Fiscalía General del Estado (FGE) también analiza la participación de las funerarias que contrataron los servicios del crematorio, incluyendo «Luz Divina», «Protecto-Deco», «Del Carmen», «Latinoamericana» y «Amor Eterno». Aunque no se han presentado denuncias formales, se espera una oleada de reclamaciones legales por el fraude en la cremación y entrega de urnas con cenizas falsas. La Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coespris) informó que el crematorio operaba sin cumplir con la normativa sanitaria, aunque las funerarias involucradas no serán sancionadas al ser ajenas al caso.
«Queremos evitar la revictimización de las familias y darles una reparación del daño real», afirmó el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno.
«Estamos hablando de menos de 400 cuerpos. No puedo dar una cifra exacta porque estamos a la espera de una audiencia. Les pido paciencia; se trata de un tema muy grave, un tema de terror, que no deja de sorprendernos», expresó la gobernadora María Eugenia Campos.
