Jefe bancario en prisión por retención de fondos públicos
La Procuraduría de Justicia de Baja California capturó a Nabor “N”, alto mando de Banca Afirme, en relación con la retención indebida de 123 millones de pesos que pertenecían a un fideicomiso estatal destinado a construir una planta solar. El arresto se llevó a cabo a las 10:30 horas en Calzada Independencia y Calle de la República, con base en una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso por retención, a partir de una denuncia presentada por el Poder Ejecutivo Estatal de Baja California.
La acusación formal fue interpuesta por la administración local contra el directivo financiero, quien presuntamente obstaculizó el acceso a recursos públicos derivados de participaciones federales. Esta acción implicó riesgos para el 19.5% de las transferencias que recibe la entidad.
Proyecto fallido con enormes pérdidas
El gobierno de Jaime Bonilla Valdez adjudicó a Next Energy un contrato para edificar una instalación de generación eléctrica en el Valle de Mexicali, pese a que no había ningún permiso federal para llevar a cabo la obra, además de que en caso de cancelación la empresa también se beneficiaría por la indemnización.
Según informó la administración actual encabezada por Marina del Pilar Ávila, el perjuicio económico para las arcas públicas ascendió a 12 mil millones de pesos. El secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexia, destacó que el contrato entre el gobierno y Next Energy es ‘totalmente desventajoso’, además de que está mal planteado desde la perspectiva jurídica, el proceso administrativo y las condiciones financieras que imperan en la entidad.
Cancelación y restitución de fondos
El proyecto, que carecía de avances tanto físicos como económicos, fue cancelado en mayo de 2022. Ese mismo mes se dio por terminado el fideicomiso que se había establecido durante la gestión de Bonilla, sin contar con las autorizaciones necesarias a nivel estatal y federal.
Como parte de las acciones correctivas, se dispuso la devolución de los 123 millones de pesos que habían sido descontados de las participaciones federales mediante la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal.
Mientras que en el sitio en donde se levantaría la planta no había ningún avance físico; el proyecto tampoco tenía avances financieros, por lo que no había ningún beneficio para la población.
