Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), denunció públicamente que autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de Julio César Chávez Jr. al territorio estadounidense en 2023, año en que se emitieron órdenes judiciales contra el exboxeador por su presunta participación en actividades delictivas.
Conexiones con grupo criminal documentadas
El funcionario detalló que en 2019 el Departamento del Interior de Estados Unidos presentó formalmente una denuncia relacionada con actividades de organización criminal, tráfico de armamento, sustancias ilícitas y personas, en la que se mencionaba la participación de múltiples integrantes del Cártel de Sinaloa. Dicha investigación generó una carpeta con evidencia contra trece individuos, entre ellos Ovidio Guzmán y Néstor Isidro Pérez Salas, identificado como “El Nini”, quien fungía como jefe de seguridad de “Los Chapitos”.
Capturas y extradición de involucrados
Tras el proceso de judicialización en 2023, cuerpos de seguridad mexicanos lograron la detención de varios implicados, quienes fueron posteriormente entregados a autoridades del país vecino del norte. Entre las órdenes de aprehensión generadas en ese periodo se encontraba la correspondiente a Julio César Chávez Jr., quien paradójicamente ese mismo año obtenía acceso al territorio estadounidense mediante una visa turística.
Indulgencia estadounidense cuestionada
«Ellos sabían perfectamente que había esa orden de aprehensión. Se estableció en Estados Unidos, se casó, actuaba libre y absolutamente en territorio americano. Ha estado ahí mientras nosotros hemos estado haciendo desde esa fecha, hasta el día de hoy el requerimiento para que nos lo entreguen»
, denunció el fiscal. La autoridad mexicana sostiene que Estados Unidos recibió múltiples solicitudes formales para la extradición del individuo durante más de un año y medio, sin obtener respuesta favorable hasta su arresto reciente.
Detención y procedimientos migratorios
El pasado 3 de julio, agentes estadounidenses detuvieron en Los Ángeles, California, al exdeportista acusado de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo clasificó como un «delincuente indocumentado» y anunció trámites de deportación, a pesar de haber ingresado legalmente en 2023 con visa B2, documento válido hasta febrero de 2024.
Intentos legales de liberación frustrados
Según información proporcionada por la FGR, el equipo legal del exboxeador presentó seis amparos con la intención de obtener su liberación en caso de retorno a territorio mexicano. Las autoridades judiciales mexicanas han rechazado tales recursos, señalando que el presunto involucrado no se encuentra bajo custodia directa de la institución fiscal.
