La Fiscalía Estatal de Baja California Sur confirmó el avance en dos investigaciones contra exfuncionarios públicos de alto rango, incluyendo al exalcalde de La Paz, Rubén Muñóz Álvarez, y la excontralora estatal Sonia Murillo Manríquez, por presuntos actos de corrupción durante sus gestiones.
Irregularidades en autorización de desarrollo inmobiliario
La juez encargada del caso dictó auto de vinculación a proceso contra el exedil y dos exregidores, Juan Ramón Domínguez y Pilar Eduardo Carballo, por autorizar modificaciones al plan de desarrollo urbano que contradecían normas locales de planeación. «Estos hechos fueron denunciados por un colectivo ciudadano en defensa del agua desde 2021», detalló el fiscal anticorrupción Lenin Emiliano Ortíz Amao.
El proceso enfrentó retrasos debido al fuero constitucional que protegía al exalcalde, quien dejó la alcaldía para asumir un cargo de diputado federal en 2021. «Aunque se había logrado avanzar en la investigación desde hace tiempo, no fue sino hasta que el hoy imputado dejó su encargo como diputado federal y por tanto su fuero, se logró llevar a juicio», precisó la autoridad.
Desvío de fondos públicos en la Contraloría Estatal
En otro caso, la Fiscalía presentó pruebas suficientes para solicitar la vinculación a proceso contra la excontralora general por el presunto delito de peculado. «Se transfirió de 2016 a 2020 un monto de 125 mil pesos a su cuenta bancaria, de una partida que debía ser para revisión, vigilancia e inspecciones de obras públicas», informó el fiscal.
Se presentaron como evidencia las denuncias del director jurídico de la Contraloría, declaraciones patrimoniales, pólizas de egreso y recibos firmados por la exfuncionaria. «Para justificar el desvío de ese recurso, se transfirió como ‘pago de estímulo por única ocasión’, cuando esta prestación no está autorizada por la Secretaría de Finanzas», explicó Ortíz Amao.
Medidas cautelares y mensaje de la Fiscalía
Las audiencias que llevaron a estos procesamientos duraron aproximadamente seis horas cada una. Para los imputados se estableció como medida cautelar la firma periódica mensual y se otorgaron seis meses para investigación complementaria.
El representante legal del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, Arturo Rubio Ruiz, destacó que la audiencia se logró celebrar a pesar de intentos de dilación por parte de los acusados. «La vinculación es un logro ciudadano en defensa del territorio y del agua y que afortunadamente encontró eco en las autoridades», afirmó.
El fiscal enfatizó que «Sean funcionarios de primer nivel quienes hayan cometido conductas, por el monto que sea, por la conducta que sea, habrá consecuencias para todos», reafirmando el compromiso de la institución con el combate a la corrupción y la transparencia.
