Organizaciones de defensa de derechos humanos revelaron que durante los primeros seis meses de 2025 se registraron 144 violaciones al derecho de expresión en Venezuela. La ONG Espacio Público presentó un informe donde detalló que la censura y la intimidación representaron las principales formas de ataque.
Patrones de represión identificados
De acuerdo con el documento, los periodistas, medios informativos y ciudadanos comunes fueron los principales afectados. La organización destacó que hubo 23 detenciones, 44 incidentes en plataformas virtuales y un uso sistemático de instituciones gubernamentales para acallar voces disidentes.
La entidad señaló que cuerpos de seguridad estatales y autoridades nacionales fueron identificados como responsables directos de las violaciones. Durante el mes de junio se documentaron tres casos específicos: dos relacionados con censura y uno con intimidación.
Persecución a especialistas económicos
Un elemento destacado del informe es la creciente represión contra economistas y expertos en finanzas que divulgan estadísticas sobre inflación y capacidad de compra. Cinco analistas fueron arrestados por organismos estatales “sin cargos formales”, en un contexto de control estatal sobre datos económicos.
El Observatorio Venezolano de Finanzas denunció que estas acciones forman parte de una estrategia deliberada para restringir el acceso a información veraz sobre la situación económica del país. Se mencionó además que un tribunal de Caracas confirmó la detención de la periodista Nakary Mena Ramos, “capturada en abril por publicar un reportaje sobre inseguridad”, acusada junto a su pareja Gianni Gionzález de “instigación al odio” y “divulgación de noticias falsas”.
Impacto en el periodismo
El informe indica que actualmente hay 20 comunicadores sociales privados de libertad en Venezuela, de los cuales 12 enfrentan procesos judiciales con medidas restrictivas. Estos datos fueron proporcionados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en un reporte emitido a finales del mes anterior.
“Los periodistas, medios de comunicación y personas particulares concentran el mayor número de víctimas. Destacan 23 detenciones, 44 incidentes vinculados al entorno digital y un uso constante del poder estatal para silenciar voces críticas”
La organización también informó sobre la continuidad de prácticas como las desapariciones forzadas, detenciones sin justificación legal, amenazas a profesionales de la comunicación y bloqueos de datos en regiones limítrofes con otros países. Los ataques afectaron a comunicadores y espacios informativos digitales, especialmente en la región de Táchira, ubicada en la frontera con Colombia.
