La Comisión Permanente del Congreso de Durango aprobó por unanimidad un conjunto de orientaciones técnicas destinadas a estandarizar los procedimientos de supervisión financiera en la entidad. La iniciativa, impulsada por la diputada Sandra Amaya Rosales del partido Morena, busca combatir irregularidades en la administración de recursos públicos y mejorar la rendición de cuentas gubernamental.
Marco legal y alcance de las recomendaciones
Las sugerencias se basan en observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, e incluyen actualización de normativas internas, formalización de procesos administrativos, comprobación del gasto público, manejo adecuado de documentación en contrataciones, y resguardo de bienes estatales. «Hoy damos un paso firme en la prevención de malas prácticas administrativas. Este exhorto es un llamado a ordenar, documentar y justificar cada peso invertido en beneficio del pueblo», manifestó la legisladora desde el recinto parlamentario.
Discusión y modificaciones durante el debate
Ernesto Alanís Herrera, coordinador del PRI, propuso ampliar el alcance de las recomendaciones para incluir a todos los entes mencionados en el artículo 85 de la Constitución local, como poderes estatales, organismos descentralizados, fideicomisos públicos y órganos autónomos. También sugirió eliminar el apartado sobre mecanismos de recaudación por desconexión con el tema de fiscalización. Alejandro Mata Valadez, representante de Morena, coincidió en la necesidad de extender la supervisión a órganos operadores de servicios esenciales como las juntas municipales de agua y los comités de ferias.
Enfoque preventivo y aplicación inminente
Mayra Rodríguez, diputada del PAN, enfatizó la importancia de implementar estas orientaciones técnicas antes de que inicien las nuevas administraciones municipales en septiembre. «Lo que hoy proponemos es una guía técnica que permitirá iniciar los gobiernos locales con orden y legalidad. No se trata de castigar, sino de prevenir y fortalecer la gestión pública», indicó. La Comisión de Vigilancia, bajo la dirección del diputado Alejandro Mojica, junto con la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, promoverán una fiscalización orientada a prevenir errores más que sancionar, con el objetivo de fomentar una administración eficiente y responsable.
