Acuerdo formal por irregularidades en manejo de cadáveres
El fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, confirmó su compromiso con el seguimiento a las 12 demandas presentadas por familiares de personas cuyos cuerpos no fueron incinerados en el crematorio Plenitud. Durante una reunión oficial, informó que parte de las solicitudes ya están en proceso de atención, mientras otras serán canalizadas a las instancias competentes a nivel federal, estatal o municipal.
Las exigencias, entregadas en un pliego petitorio, incluyen transparencia, sanciones a responsables, reparación del daño y modificaciones legislativas. Salas destacó que cada punto será revisado con detenimiento y compartido con las autoridades correspondientes para su atención.
Demanda por transparencia y atención digna
Entre las solicitudes, se encuentra la divulgación pública de resultados de inspecciones realizadas por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), con énfasis en las omisiones detectadas y las acciones implementadas. Además, se exige un trato digno hacia los familiares afectados y la difusión constante de avances en las investigaciones.
En el ámbito legislativo, se solicita la modificación de normas para establecer sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos y la aplicación de responsabilidades a servidores públicos que hayan omitido su supervisión en el sector funerario.
Investigación formal contra funerarias involucradas
Las familias también pidieron la apertura de una investigación contra funerarias que subrogaron servicios al crematorio Plenitud sin informar a sus clientes. Según denuncian, esta práctica trasladó la responsabilidad legal a un establecimiento que no cumplía con los requisitos legales, afectando a quienes contrataron los servicios sin conocer esta situación.
Carlos Manuel Salas aseguró que se establecerá un mecanismo de seguimiento para evaluar periódicamente los avances. Se anunció una próxima reunión en un mes para revisar los puntos resueltos y los que permanecen en proceso.
Manifestaciones frente a funeraria
Antes del encuentro con las autoridades, alrededor de 50 personas protestaron frente a la funeraria Latinoamericana, denunciando que sus familiares fallecieron y sus cuerpos fueron enviados al crematorio Plenitud sin su conocimiento ni consentimiento.
Dora Elena, familiar afectado, expresó:
“Confiamos en esta funeraria. Nos prometieron que aquí tenían crematorio. Ahora dicen que el cuerpo fue llevado a otro lugar y se deslindan, cuando debieron acompañar todo el proceso”
.
La mujer señaló que tanto la empresa como las autoridades no han ofrecido atención directa. “No salen a darnos la cara, ni las autoridades ni nadie. Nomás nos hacen venir y volver a venir”, manifestó, resaltando la afectación emocional en las familias, especialmente en los niños.
Detenciones y avances en investigación
El fiscal recordó que el hallazgo de los cuerpos ocurrió el 26 de junio, tras un reporte de la Policía Municipal. Al llegar al lugar, se encontraron cuerpos apilados sin identificación y en condiciones inadecuadas. La Fiscalía aseguró el inmueble y abrió una carpeta de investigación.
Hasta el momento, han sido identificadas 11 personas mediante métodos científicos, aunque el proceso se complica por el avanzado estado de descomposición de algunos cuerpos y el tratamiento químico previo.
Salas informó que dos propietarios del crematorio Plenitud y una persona vinculada a la funeraria Del Carmen ya están detenidos, además de que se concretaron otras dos aprehensiones el día del encuentro con las familias, aunque no se proporcionaron detalles sobre sus identidades.
Reconocimiento de fallas institucionales
La Fiscalía reconoció que existió falta de supervisión institucional sobre el crematorio Plenitud. El último permiso municipal fue otorgado en 2020, y desde entonces operó en condiciones irregulares, a pesar de las inspecciones y sanciones administrativas previas.
El fiscal destacó las limitaciones de Coespris, que cuenta con solo treinta verificadores para supervisar cerca de 48,000 establecimientos de riesgo en Ciudad Juárez, lo cual restringe su capacidad de vigilancia constante.
Al finalizar la reunión, Salas enfatizó que el caso requiere coordinación interinstitucional y participación ciudadana para garantizar verdad, justicia y reparación. Confirmó que se documentarán todos los compromisos y que el objetivo es identificar plenamente los 386 cuerpos encontrados en el predio.
