El juez encargado del caso ha identificado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro como figura central en un esquema donde se modificarían leyes para favorecer intereses económicos, aprovechando su posición para generar ganancias a su anterior bufete, Equipo Económico. Este análisis forma parte del auto emitido el 16 de diciembre de 2021, que incluye a Montoro y a 27 personas más bajo investigación por presuntos delitos relacionados con corrupción y negociaciones ilícitas.
El magistrado detalla que Montoro, quien fue ministro en dos ocasiones (2000-2004 con José María Aznar y 2011-2018 con Mariano Rajoy), ocupó cargos decisivos durante el periodo en que se tramitaron las reformas legislativas ahora bajo escrutinio. El juzgado número 2 de Tarragona, responsable de la investigación secreta desde 2018, señala que Montoro habría asegurado beneficios económicos a su despacho mediante el uso de su autoridad para diseñar normativas a medida, aprovechando su poder sobre la iniciativa legislativa en materia fiscal.
Intervención en reformas legislativas y red de contactos
El auto judicial resalta que Montoro habría integrado en puestos clave del ministerio a personas con vínculos cercanos a Equipo Económico, garantizando así la redacción de leyes según los intereses de empresas que contrataban al despacho. Esta práctica, según el juez, permitiría a la organización ofrecer reformas legislativas a cambio de compensaciones económicas, afectando negativamente al interés público.
El análisis de los Mossos d’Esquadra identificó además que el esquema no se limitó al sector gasista, sino que posiblemente se extendió a otros campos como energía, construcción y juegos. Los pagos detectados incluyen 1,3 millones de euros de Red Eléctrica Española (2010-2015), 293.424 euros de Ferrovial (2012-2014), 3,9 millones de Abengoa (2009-2015) y 1,8 millones de Madrid Network (2008-2011). La investigación también vincula a Montoro con decisiones clave en temas energéticos durante el gobierno de Mariano Rajoy, especialmente en el debate sobre las primas a las renovables y la carga fiscal al sector eléctrico.
Conexión entre funciones públicas y beneficios empresariales
Según el informe policial, Equipo Económico habría superado funciones típicas de consultoría al aprovecharse de su conexión con altos cargos gubernamentales para influir en la creación de normas. Esta colaboración se habría aprovechado incluso en asuntos donde la iniciativa legislativa correspondía a otros ministerios, pero Hacienda intervenía por su impacto en ingresos estatales. Los pagos de empresas a este despacho coincidieron con modificaciones legislativas relevantes entre 2012 y 2014.
El juez concluye que la trama contaba con una red de influencia desde altos cargos del Gobierno central y autonómico, orientada al enriquecimiento personal a través de la manipulación de normativas. Montoro, imputado desde 2021, dejó su afiliación al Partido Popular una vez se hizo pública su implicación en este caso.
