El domingo, un grupo aproximado de doscientos integrantes de pueblos indígenas realizó una travesía hacia el cerro San Cristóbal, ubicado cerca del núcleo capitalino de Lima. La actividad ritual andina tuvo como propósito principal exigir justicia por las víctimas fatales de conflictos sociales y rechazar una normativa de amnistía sancionada a comienzos del mes de julio. Esta legislación beneficia a personas condenadas por violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno del país.
Contexto conmemorativo y protestas paralelas
La ceremonia en el lugar sagrado conocido como Apu Usharu se desarrolla un día antes de que Perú celebre su independencia nacional. Coincide además con una movilización opositora al gobierno de la mandataria Dina Boluarte, cuyo mandato terminará en 2026. La jefa de Estado tiene previsto pronunciar un discurso dirigido a la población.
Primer uso ritual del espacio sagrado para exigir justicia
Aunque es habitual que chamanes y representantes de pueblos originarios realicen ceremonias tradicionales en la montaña considerada sagrada, esta ocasión marca la primera vez que familiares de víctimas de violencia histórica utilizan el sitio con fines de reivindicación legal y protección de derechos.
Manifestación con símbolos culturales y reclamos concretos
El sonido combinado de cuernos y caracoles acompañó el acto donde los participantes portaban vestimentas tradicionales en tonos rojos, colores que coinciden con la bandera nacional. Durante las danzas rituales, se lanzaron pétalos alrededor de fotografías de fallecidos. Entre los asistentes se encontraba Doris Caqui, familiar de una persona desaparecida durante el conflicto armado que azotó al país entre 1980 y 2000.
«Nos han arrebatado la defensa de nuestros seres queridos», que hemos exigido por 40 años
La viuda de Teófilo Rima, desaparecido en un recinto militar en 1986, expresó a The Associated Press su indignación ante la nueva legislación que, según indicó, permite que personal militar y policial involucrado en crímenes de lesa humanidad quede «libre de polvo y paja».
Marco legal y contexto histórico
La normativa de amnistía aprobada en julio por el Congreso exime de responsabilidad penal tanto a personal uniformado como a civiles que hayan sido condenados o investigados por graves violaciones a derechos humanos. Estos delitos incluyen homicidios, desapariciones forzadas y violencia sexual durante el conflicto armado. Organizaciones internacionales han alertado que esta ley implicaría la impunidad de más de 150 casos con sentencia y alrededor de 600 procesos judiciales en curso.
Voces de las víctimas y demandas actuales
Milagros Sanmillán, hermana de un profesional médico fallecido durante las protestas por la asunción de Boluarte en 2023, destacó que «venimos a Lima por justicia, no por venganza. Queremos justicia y dignidad». Las movilizaciones que comenzaron a finales de 2022 y se extendieron por tres meses dejaron al menos 50 fallecidos, principalmente en regiones andinas con población predominantemente indígena.
Las protestas responden al proceso sucesorio que llevó a la vicepresidenta Boluarte a la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo, actualmente detenido y enfrentando procesos judiciales por presunta rebelión y corrupción.
