Un grupo de residentes del Conjunto Residencial Lomas del Ángel Segunda Sección presentó una queja formal contra la Sindicatura Municipal de Puebla por supuestamente respaldar la creación de un comité de administración irregular. Según los inconformes, este comité estaría conformado por individuos que no son propietarios de las viviendas y que tienen adeudos pendientes.
Conflicto por control de asociación civil
Julieta Ramírez Carmona, tesorera actual de la Asociación Civil que rige el fraccionamiento, explicó que el comité actual liderado por Aarón Gracia Rivera fue elegido en 2019 mediante un proceso válido y aún tiene vigencia. Esta administración asegura contar con el respaldo de la mayoría de los propietarios responsables en pagos y que ha mantenido informados regularmente sobre las finanzas del conjunto.
Emergencia de comité rival
Según el informe presentado, desde marzo un grupo de vecinos disidentes, principalmente morosos y sin propiedades en el lugar, inició una campaña de desacreditamiento a través de redes sociales. En junio, con supuesto respaldo municipal, este grupo organizó una reunión sin agenda previa ni cumplir con los requisitos legales. De esta asamblea surgió un grupo de cinco personas, de las cuales solo una es propietaria.
Acción violenta y denuncia penal
El conflicto se intensificó el 18 de junio cuando este grupo no reconocido ingresó al fraccionamiento bloqueando accesos, desalojando al personal de seguridad y cambiando las cerraduras de las oficinas. Ramírez Carmona afirmó que José Javier Joffre Morales, director de mediación de la Sindicatura, presionó para entregar la administración a este nuevo grupo sin validar las reuniones donde los propietarios rechazaron su legitimidad.
Avances administrativos cuestionados
La administración vigente ha destacado haber mejorado la regularidad en los pagos de mantenimiento, incrementado gradualmente las cuotas de 550 a 700 pesos entre 2019 y 2025, y resuelto problemas dejados por gobiernos anteriores como deudas con la CFE y el mantenimiento del sistema de agua. También mencionó que sigue en curso una denuncia penal contra exadministradores por un faltante de más de 1.2 millones de pesos.
Exigencia de intervención externa
Los representantes legítimos de la asociación civil exigen la intervención de autoridades estatales y federales para detener lo que califican como un «golpe» institucionalizado. Señalan que el ayuntamiento de Puebla estaría actuando fuera de sus facultades al reconocer a un comité que carece de respaldo legal y mayoría de propietarios.
