Denuncia formal ante organismos de derechos humanos
Un grupo de afectados reconocidos en el proceso legal contra el exgobernante colombiano Álvaro Uribe presentó una comunicación oficial dirigida a Margaret Satterthwaite, encargada de la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, y Roberta Clarke, responsable sobre Personas Defensoras y Operadoras de Justicia de la CIDH. En este documento expresaron preocupación por «presiones externas», particularmente provenientes de Estados Unidos, sobre el sistema judicial local.
Entre los denunciantes se encuentra el legislador de orientación progresista Iván Cepeda, quien destacó que estas acciones «representan una amenaza directa a la autonomía judicial, al debido proceso y al equilibrio institucional del Estado colombiano».
Primer exmandatario condenado en Colombia
El exjefe de Estado, de 73 años y líder del partido político de derecha Centro Democrático, se convirtió recientemente en el primer exgobernante colombiano en recibir una condena penal. El fallo lo responsabilizó de actos de corrupción en procedimientos judiciales y manipulación de trámites legales.
El senador estadounidense Marco Rubio manifestó en su perfil de X: «El único ‘delito’ del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial por parte de jueces radicales ha sentado ahora un preocupante precedente».
Expresiones que evidencian injerencia
Los afectados señalaron que declaraciones como la del político norteamericano «pueden interpretarse como señales de presión sobre la administración de justicia en Colombia». Además reiteraron que «en un Estado de Derecho, la justicia debe operar con plena independencia, sin injerencias externas y con respeto a la soberanía y a las garantías constitucionales».
El colectivo solicitó a los organismos internacionales que realicen «una intervención urgente que permita salvaguardar la integridad del poder judicial en Colombia, garantizar condiciones de autonomía para jueces y operadores de justicia, y prevenir cualquier forma de presión indebida que pueda afectar la decisión de segunda instancia en el juicio» contra el exmandatario.
Conocimiento inminente de la sanción penal
La magistrada Sandra Heredia, quien emitió el veredicto condenatorio, dará a conocer este viernes la pena específica, que oscilará entre cuatro y ocho años de privación de libertad, probablemente en modalidad de arresto en domicilio. No obstante, la representante del ministerio público, Marlenne Orjuela, solicitó una duración mayor de nueve años.
El recurso de apelación será presentado el 11 de agosto ante el Tribunal Superior de Bogotá, instancia que tiene hasta el 16 de octubre para resolver en segunda fase del proceso.
