Nueva política migratoria estadounidense
El Gobierno de Estados Unidos anunció un programa que exigirá depósitos financieros entre 5,000 y 15,000 dólares a ciertos viajeros que soliciten visas de turismo o negocios. La medida, que tendrá vigencia a partir del 20 de agosto, aplicará inicialmente como un experimento temporal de doce meses. El Departamento de Seguridad Nacional justifica esta acción como mecanismo para evitar gastos adicionales al sistema cuando los visitantes no respeten los términos de entrada.
Países con altas tasas de permanencia irregular
La política se enfocará en naciones identificadas por presentar porcentajes elevados de ciudadanos que permanecen más tiempo del permitido y que tienen deficiencias en sus procesos de verificación documental. También incluye naciones que ofrecen programas de adquisición de ciudadanía mediante inversión, particularmente cuando se otorga sin residencia previa obligatoria. El comunicado oficial del organismo destaca que «los extranjeros que soliciten visas como visitantes temporales por negocios o placer y sean nacionales de países identificados con altas tasas de permanencia, en los que la información de selección y verificación se considere deficiente, ofrezcan programas de ciudadanía por inversión, especialmente en los casos cuando un extranjero obtiene la ciudadanía sin requisito de residencia, estarán sujetos al programa piloto».
Antecedentes de la medida
Esta no es la primera vez que se propone semejante política. Durante 2020 se intentó aplicar una versión similar afectando aproximadamente a veinticuatro países, principalmente africanos con porcentajes de permanencia ilegal superiores al 10%. No obstante, la crisis sanitaria mundial limitó su implementación completa. En esta ocasión, los fondos depositados se devolverán cuando el viajero abandone legalmente el territorio, obtenga ciudadanía estadounidense o fallezca, mientras que en casos de permanencia prolongada se retendrá para cubrir gastos de deportación.
Excepciones y complementos al sistema
El Departamento de Estado ha mostrado históricamente reticencia hacia este tipo de políticas por la complejidad administrativa que generan. Los países participantes en el Programa de Exención de Visa quedarán excluidos de esta obligación, y las autoridades consulares mantendrán facultades para eximir el pago según circunstancias específicas. Además, se suma a esta medida la «tarifa de integridad» prevista para 2026, que incrementará en 250 dólares el costo de visas de no inmigrantes, afectando particularmente a visas turísticas, académicas y laborales.
Países potencialmente impactados
Aunque el gobierno no ha revelado oficialmente la lista definitiva de naciones afectadas, registros de 2023 de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza muestran que entre los países con mayores índices de permanencia irregular figuran Angola, Liberia, Mauritania, Sierra Leona, Nigeria, Cabo Verde, Burkina Faso y Afganistán. La versión de 2020 del programa incluyó a Afganistán, Angola, Burkina Faso, Birmania, Chad, Congo, Eritrea, Irán, Laos, Liberia, Libia, Sudán, Siria y Yemen. La nómina final se publicará quince días antes de iniciar el programa y podrá actualizarse periódicamente.
