El máximo tribunal del país asumió la responsabilidad de resolver tres disputas legales presentadas por el gobierno federal contra La Rioja. Las controversias giran en torno a acuerdos de infraestructura vial que no se completaron según lo pactado, lo que originó un cuestionamiento sobre el manejo de recursos públicos.
Presunto beneficio indebido de la provincia
Las acciones judiciales se basan en el supuesto enriquecimiento injustificado de La Rioja a expensas del erario nacional. Los convenios incumplidos estaban destinados a mejorar instalaciones en tres estaciones de autobuses interurbanos, cuyas ejecuciones habrían desviado de los planes iniciales sin justificación adecuada.
Detalles de los proyectos cuestionados
El primer caso (CSJ 1079/2025) involucra 88,526,392.94 pesos asignados para construir una nueva terminal en Chepes. La acusación indica que la provincia no demostró avances significativos ni justificó adecuadamente el gasto realizado.
En el segundo expediente (CSJ 1080/2025), se reclaman 42,645,530.84 pesos por modificaciones no autorizadas en el proyecto de modernización de la terminal de El Milagro. La denuncia destaca que los cambios se realizaron sin consulta previa y alteraron el propósito original del acuerdo.
El tercer proceso (CSJ 1098/2025) busca recuperar 37,934,203.33 pesos destinados a reparaciones en la estación de Chamical. Señala que la provincia modificó el plan de obra y no logró demostrar un uso eficiente de los fondos recibidos.
Trámite legal en curso
En cada situación, las autoridades nacionales notificaron formalmente a La Rioja para que devolviera los recursos dentro de un plazo de cinco días, sin obtener respuesta. Actualmente, los casos están siendo revisados por la Procuración General de la Nación ante la Corte Suprema, en una fase preliminar de análisis.
«Enriquecimiento sin causa para la provincia y un consecuente empobrecimiento para el Estado Nacional»
