Patrones de restricción a la libertad de expresión
En este año se han registrado múltiples situaciones de limitación a la comunicación, donde figuras políticas del partido Morena y personas en proceso de postulación a cargos públicos han utilizado recursos legales para responder a cuestionamientos o críticas.
Entre los mecanismos empleados destaca la interpretación de la “violencia política de género”, que ha derivado en acciones como la eliminación de contenidos, sanciones económicas y exigencias de rectificación pública.
Ejemplo de ello es el caso del comunicador Héctor de Mauleón, quien fue obligado a retirar un artículo y presentar disculpas tras una denuncia en Tamaulipas; el periodista Ángel Camarillo, sancionado en Veracruz por señalamientos de nepotismo; y Jorge Luis González en Campeche, cuyas publicaciones fueron sometidas a revisión judicial.
Impacto en medios y comunicadores independientes
Incluye situaciones como las sanciones contra integrantes de La Barra Noticias en Campeche; la periodista Rubí Soriano en Puebla, y reporteros de El Tlacolol en Guerrero.
En Campeche, Jorge Luis González fue sometido a un proceso legal por “delitos de incitación al odio y violencia” contra la gobernadora de ese estado. Inicialmente se le prohibió ejercer el periodismo durante dos años, pero posteriormente se modificó la medida para imponer la revisión previa de sus publicaciones.
“Porque las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”, dijeron los periodistas en un video en redes sociales.
Medidas contra ciudadanos comunes
El abogado Carlos Velázquez de León fue denunciado por Gerardo Fernández Noroña y obligado a una disculpa pública; Karla Estrella fue sancionada por un mensaje en redes de 2024 en el que cuestionó a una diputada, ahora conocida como “dato protegido”; y Laisha Wilkins fue requerida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras escribir “Dora la Censuradora” en una publicación sobre una excandidata a la SCJN.
Contexto legal y derechos humanos
Según la organización Artículo19, cada tres semanas se documenta al menos un caso de censura contra comunicadores o medios en México, incluyendo demandas por daño moral y acusaciones de violencia política en razón de género. Desde 2020 han identificado entre 20 y 30 casos de acoso judicial.
Pedro Cárdenas, representante de Artículo 19, señala que desde 2007 las agresiones contra periodistas han aumentado entre 8% y 10%. Destaca que legislaciones como la “Ley censura” en Puebla afectan tanto a comunicadores como a ciudadanos que expresan opiniones en redes sociales.
El especialista advierte que este tipo de acciones buscan silenciar investigaciones o eliminar contenidos, generando un ambiente de autocensura incluso en coberturas relacionadas con derechos humanos.
Marco normativo y ejercicio de la crítica
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que las autoridades deben mantener un umbral más alto de tolerancia a la crítica. En México, la Suprema Corte de Justicia ha determinado que los servidores públicos deben resistir un mayor grado de escrutinio.
Sin embargo, Pedro Cárdenas indica que el acoso judicial “se convirtió en una tendencia y en una forma de buscar acallar voces críticas, voces que nos están publicando información que les puede ser incómodas a personas en el poder”.
