Colombia atraviesa una crisis de seguridad con niveles de violencia que no se veían desde hace más de diez años. Entre enero y mediados de agosto de 2025, 133 miembros de las fuerzas armadas y policiales perdieron la vida, superando los registros de todo 2024. Esta cifra incluye 68 militares y 65 policías caídos en el ejercicio de sus funciones.
La tecnología letal en manos criminales
El uso de drones modificados para transportar y lanzar explosivos ha emergido como una amenaza letal en menos de un año. En 2024 no se registraban estos dispositivos en ataques, mientras que en 2025 ya han causado nueve muertes. El 12 de agosto, en Buenaventura, tres militares fallecieron en un atentado con drones atribuido a la disidencia Jaime Martínez. Dos días después, en Santa Rosa (Bolívar), un dron del Ejército de Liberación Nacional (ELN) provocó un muerto y siete heridos.
Aumento exponencial de muertes
Según datos oficiales del Ministerio de Defensa, los asesinatos de uniformados crecieron un 136% en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, pasando de 39 a 92 casos. Solo en los últimos 46 días se han contabilizado 41 fallecimientos. Los militares enfrentan principalmente ataques en combate (30 casos), minas antipersonal (15) y drones (9). Por su parte, el clan del Golfo ha implementado el «plan pistola», que ha cobrado 17 vidas de policías en 2025, casi triplicando la cifra del año anterior.
Desafíos de seguridad y cooperación internacional
«Mientras el Estado se adapta, los grupos se vuelven a readaptar», advirtió Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que plantea la urgencia de cooperación regional para regular el uso de drones y armas en América Latina.
La disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo por controlar rutas estratégicas y economías ilícitas ha intensificado la violencia en regiones como el Pacífico y el sur de Bolívar. El experto en seguridad Iván Carvajal señaló que «Cuando eso ocurre, el actor criminal, que tiene control territorial, convence a los pobladores para que se enfrenten a la fuerza pública».
Impacto humano en las fuerzas armadas
Los recientes asesinatos del patrullero Jordan Isaac Rosado Salles, de 24 años, en un ataque contra la estación de Policía de Morales, Cauca, y del soldado profesional Jhon Redondo Jiménez, víctima de un dron en Bolívar, reflejan la crudeza de la situación. Rosado Salles, quien ingresó a la institución motivado por valores de servicio, dejó a su familia destrozada al perder la vida días antes de un esperado reencuentro familiar. Redondo Jiménez cayó en una zona de difícil acceso, evidenciando la sofisticación de los métodos empleados por organizaciones criminales.
Estos hechos ponen de manifiesto cómo los grupos armados ilegales atacan simultáneamente a policías y militares con tácticas diferentes: asesinatos selectivos mediante el «plan pistola» para los primeros y tecnología de drones para los segundos, elevando el riesgo en operaciones y patrullajes.
