En México persiste un desbalance significativo en el acceso a derechos fundamentales, particularmente en el sector salud, a pesar de la disminución en el número de personas en situación de pobreza. Un análisis de la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza revela que familias con menores ingresos presentan una carencia en servicios médicos 3.5 veces superior a la de hogares con mayores recursos.
Desigualdad en salud y servicios básicos
El estudio se basa en cifras gubernamentales recientes que muestran cómo la transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) ha generado un deterioro en la atención pública. La falta de infraestructura, medicamentos e instalaciones adecuadas ha obligado a muchos ciudadanos a buscar opciones privadas, incrementando su carga económica, especialmente para mujeres que requieren servicios obstétricos.
Reducción de pobreza no compensa déficit social
Entre 2022 y 2024, la población en condiciones de pobreza descendió en 8.3 millones, alcanzando los 38.5 millones. Sin embargo, este avance no ha sido acompañado por una mejora en las carencias sociales, las cuales subieron del 26% al 32%, afectando principalmente educación, vivienda y atención médica. El Inegi registró que el 29.6% de la población enfrenta pobreza multidimensional en 2024, lo que implica la falta de garantías en derechos esenciales.
Limitaciones del crecimiento económico
Los especialistas destacan que el incremento del salario mínimo, aunque ha contribuido a reducir la pobreza, tiene un impacto limitado debido a su cercanía con el ingreso medio nacional. La informalidad laboral, que afecta a más del 54% de la población ocupada, sigue siendo un obstáculo para la inclusión social. Además, la desigualdad territorial persiste, con marcadas diferencias en oportunidades dependiendo del estado de residencia.
Urgencia de políticas públicas equitativas
Los expertos coinciden en la necesidad de reformular estrategias gubernamentales para priorizar la equidad y mejorar el acceso a servicios esenciales. La experiencia muestra que la superación de la pobreza requiere no solo aumentar los ingresos, sino garantizar una distribución justa de recursos y oportunidades en todas las regiones del país. Esta situación representa un desafío que exige soluciones integrales y sostenidas en el tiempo.
