Decisión de no asistir a ceremonia judicial
Guillermo Valencia Reyes, líder del PRI en Michoacán, reveló que no participará en el acto de inauguración de magistrados y jueces del Poder Judicial local, programado para el 15 de septiembre en el Congreso estatal. Durante un evento patrio para iniciar septiembre, el político expresó que esta postura responde a su compromiso con una oposición auténtica.
El diputado local indicó que conversará con Adriana Campos Huirache, coordinadora del grupo parlamentario priista, pero enfatizó que la representación del PRI en Michoacán se mantendrá ausente del evento, al igual que los representantes federales del partido en la ceremonia del Poder Judicial de la Federación.
Cuestionamientos sobre legitimidad del tribunal
Valencia Reyes cuestionó la legitimidad del nuevo tribunal, asegurando que «no representa la voluntad popular, representan la voluntad unipersonal del gobernador y de las personas con las que se puso de acuerdo para poner magistrados y jueces». El dirigente partidista criticó que otros partidos considerados opositores vayan a participar en un evento donde no se permitirá emitir declaraciones, lo cual consideró beneficioso principalmente para Morena y sus aliados.
Acusaciones sobre influencia del crimen organizado
Sin presentar evidencia, el líder priista señaló que en ciertas zonas del estado, particularmente en Tierra Caliente y el oriente michoacano, el crimen organizado habría colocado jueces y magistrados mediante acuerdos con Morena similares a los supuestamente realizados en procesos electorales previos para designar alcaldes.
«No es que pueda, ya lo hizo. ¿Tú quién crees que puso los jueces en Tierra Caliente? ¿Morena? ¿En el Oriente? ¿Morena? No, fue el crimen organizado. Es el pacto que hay, el pacto oscuro que hay entre Morena y el crimen organizado», manifestó durante su intervención pública.
Designaciones cuestionadas
Las nuevas autoridades judiciales rendirán protesta formal el 15 de septiembre próximo. Algunos de los nombrados han generado controversia por su inclusión en documentos conocidos como «acordeones» distribuidos antes de las elecciones del 1 de junio, mientras otros carecen de experiencia en el ámbito judicial.
