La administración estatal encabezada por José Ricardo Gallardo Cardona ha profundizado la crisis económica que afecta a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), situación que ha generado creciente preocupación dentro de la comunidad universitaria.
Presión financiera y control político
Según análisis de la situación, existe una estrategia deliberada para someter a la institución educativa, limitando su autonomía y convirtiéndola en un apéndice del gobierno estatal. La falta de recursos económicos se percibe como un mecanismo de control político con objetivos no especificados.
El gobierno ha mantenido una postura intransigente ante las demandas universitarias, considerando que la institución debe someterse a sus decisiones. Esta actitud ha llevado a una situación financiera crítica para la universidad.
Diálogo sin resultados concretos
Tras varios meses de negarse al diálogo, el gobierno estatal aceptó reunirse con las autoridades universitarias. La primera reunión entre el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, y el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra, se celebró el 2 de septiembre y dio inicio a mesas de trabajo para abordar la crisis financiera.
El primer encuentro no logró avances significativos, particularmente en el tema central: el pago de un adeudo acumulado de 183 millones de pesos desde enero hasta agosto. El reconocimiento de la deuda por parte del gobierno no ha sido acompañado de acciones concretas para saldarla.
«Que el gobierno haya reconocido ese adeudo no significa nada. Ha sido una argucia de corte politiquero tendiente a doblar a la universidad. Quieren ver al rector postrado ante el ejecutivo y que le brinde pleitesía.»
Exigencias y amenazas de paro
La institución mantiene su exigencia de recibir el pago completo del adeudo en efectivo, rechazando las propuestas del gobierno de liquidar la deuda en especie. Esta última opción es considerada ofensiva debido a incumplimientos anteriores en proyectos similares.
El gobernador ha reiterado públicamente que el tema financiero «es caso cerrado», indicando que no está dispuesto a negociar las condiciones de pago. Esta postura ha generado incertidumbre sobre las acciones que tomará el gobierno en los próximos días.
Para septiembre, el gobierno debe entregar recursos por 74 millones 376 mil 647 pesos. El cumplimiento completo de este pago sería interpretado como una señal de compromiso real con la institución educativa.
Consecuencias inminentes
En caso de no recibir los recursos adeudados, la universidad enfrentará graves consecuencias. El adeudo podría superar los 200 millones de pesos, y la institución solo contaría con liquidez hasta la primera quincena de noviembre.
La falta de fondos afectaría directamente el pago de la segunda quincena a trabajadores, tanto administrativos como docentes. Esta situación podría derivar en un paro de actividades no como medida de protesta, sino por imposibilidad financiera absoluta.
«La universidad se aproxima a un escenario inédito de paro de actividades, no por ser parte de un ejercicio de presión a las autoridades, sino por tener las cuentas bancarias desfondadas.»
Impacto político y social
La crisis financiera de la UASLP podría tener consecuencias significativas en el ámbito político. El gobierno de Gallardo enfrentaría rechazo social generalizado por afectar a la institución educativa más importante del estado, lo que podría reflejarse en las urnas durante las elecciones de 2027.
La comunidad universitaria ha mostrado unidad frente a la situación, aunque crece la preocupación sobre posibles acciones de protesta como el cierre de carreteras y avenidas para ejercer presión sobre las autoridades estatales.
El rector ha descartado movilizaciones públicas y paros de actividades, pero la incertidumbre entre estudiantes, docentes y administrativos continúa aumentando.
