Un reporte de la Iniciativa Kino para la Frontera da a conocer que de 278 personas deportadas entre mayo y julio del año anterior a Nogales, Sonora, el 44% había vivido por más de diez años en Estados Unidos. Esta situación ha provocado fracturas sociales que comprometen el derecho a la vida familiar y la estabilidad comunitaria.
Separación familiar y consecuencias emocionales
El documento titulado ‘Ellos no me dejaron decir adiós’ indica que 39.2% de los deportados declaró haber sido separado de algún familiar, principalmente de sus parejas e hijos, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses. La organización resalta que esta práctica viola el derecho a la reunificación familiar y causa efectos severos en la salud mental de menores y adultos.
«Muchos tienen profundo arraigo en sus comunidades, incluyendo hijos, cónyuges y otras personas en Estados Unidos. Este cambio en el perfil de los deportados pone de manifiesto no sólo una modificación en los patrones de aplicación de la ley, sino también la separación generalizada de familias, lo que genera dificultades emocionales, financieras y de cuidado» para quienes están en territorio estadunidense, señala.
Crecimiento exponencial de deportaciones desde Arizona
El estudio refiere que 57% de los deportados residían en Arizona al momento de su detención, un porcentaje significativamente mayor al 5% registrado el año previo por la misma organización. Según la Iniciativa Kino, estos datos demuestran que las acciones del gobierno de Donald Trump impactan no solo a migrantes recientes, sino también a comunidades que llevan décadas establecidas en EU.
El análisis se basa en entrevistas a los 278 deportados en un albergue temporal del gobierno mexicano en Nogales. Detalla que el 33% de los casos iniciaron con arrestos por policías locales o estatales, y casi la mitad de este grupo involucró al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), principalmente en espacios públicos como calles y tribunales.
Condiciones de detención y abusos reportados
Según el informe, 60% de los deportados fueron capturados en Arizona, mientras que el resto provenía de California, Florida, Nevada, Oregon, Texas y Washington. Las personas entrevistadas describieron durante su proceso de detención y encierro situaciones de sobrepoblación en celdas, descuido médico, exposición a humo tóxico, insultos y agresiones físicas, además de traslados prolongados en condiciones inadecuadas.
«Estos relatos evidencian una vulneración al derecho a la integridad personal y al acceso a servicios básicos de salud», subraya el informe.
