Denuncia por normativa sanitaria
Representantes de la comunidad de parteras tradicionales en México presentaron amparos y quejas formales ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) relacionadas con la NOM-020 SSA 2025, norma que regula la atención del parto en el país. La organización considera que la regulación atenta contra sus derechos y desconoce sus saberes históricos.
Impacto en derechos fundamentales
La normativa, vigente desde el 1 de septiembre de 2025, ha generado controversia por los obstáculos que enfrentan las parteras para validar nacimientos. Casos documentados incluyen la negación de actas de nacimiento para bebés atendidos por estas profesionales en Tijuana, San Luis Potosí y Guerrero, lo que limita el acceso a educación y servicios médicos.
Acciones institucionales cuestionadas
La Coordinación Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha realizado visitas a domicilios de parteras, como ocurrió en Xalapa, Veracruz, donde se cuestionó su formación y se advirtió sobre la ilegalidad de ciertos procedimientos neonatales sin cédula profesional. Algunas reportan la revisión y retiro de equipos médicos durante estas inspecciones.
Exigencias de autonomía profesional
La partera Carla Castañeda, originaria de Jalisco, denunció restricciones en la emisión de certificados de nacimiento y la imposición de validar partos únicamente en centros de salud autorizados. Esta medida contradice el derecho de las mujeres a elegir libremente el tipo de atención durante el parto.
Debate sobre reconocimiento legal
Las autoridades han manifestado que únicamente reconocerán a las parteras con cédula profesional, excluyendo a las tradicionales. Las afectadas señalan que la NOM-020 fue creada sin su participación, violando el derecho a la consulta previa establecido en el artículo segundo de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Rechazo a la categorización profesional
El organismo de parteras autónomas critica la clasificación de su labor como «personal no profesional», considerando que esta etiqueta minimiza su contribución histórica a la salud comunitaria. Alertan que la normativa promueve un
epistemicidio
al deslegitimar conocimientos ancestrales.
Adaptación en entornos urbanos
Las parteras que migraron a zonas urbanas tras situaciones de violencia o desplazamiento continúan ejerciendo sus prácticas en contextos metropolitanos. Destacan su labor durante la pandemia de COVID-19, cuando atendieron partos sin recibir apoyo estatal.
Movilización anunciada
En respuesta a las restricciones impuestas por la norma, el colectivo convocó a una marcha pacífica el 29 de septiembre, Día del Maíz, con salida del Monumento a la Revolución rumbo a la Suprema Corte de Justicia, exigiendo el reconocimiento legal de su profesión y la derogación de disposiciones consideradas violatorias.
