El Senado de la República da inicio este lunes 29 de septiembre a las audiencias públicas destinadas al análisis de la reforma a la Ley de Amparo, confirmó Laura Itzel Castillo Juárez, titular del Poder Legislativo.
Temario central de las discusiones
Las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos encabezarán los debates sobre modificaciones en temas como el Interés Legítimo y Suspensión, los plazos y sus implicaciones, y la implementación del Juicio de Amparo Digital.
Para el martes 30 de septiembre está programada la segunda jornada de discusión, enfocada en la Ampliación de la Demanda, el Cumplimiento de Sentencias y las reformas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Contexto de la reforma
El 15 de septiembre el Ejecutivo remitió al Senado las propuestas de reforma a la Ley de Amparo, el Código Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Castillo Juárez destacó que estos debates representan un paso fundamental para fortalecer el marco jurídico y la administración pública del país.
Críticas desde la oposición
Senadores de oposición advirtieron sobre posibles afectaciones a los derechos ciudadanos derivadas de los cambios propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum. Señalan que la reforma restringiría la protección generalizada que ofrece el amparo.
El senador Raymundo Bolaños expresó preocupación por la eliminación de la suspensión generalizada en amparos, lo cual implicaría que “cada persona tendría que interponer su propio recurso, incrementando costos y retrasos”.
“Desafortunadamente no toda la gente tiene acceso a un medio de control constitucional como es el juicio de amparo, y si se ponen trabas, y se obstaculiza el acceso a la justicia de la gente, necesariamente hay una merma de derechos”, señaló.
Además, la propuesta elimina suspensiones automáticas en créditos fiscales y en casos de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, medida que afectaría la capacidad de defensa de los contribuyentes.
