La Cámara de Diputados no ha recibido la minuta correspondiente a la reforma de la Ley de Amparo, a pesar de que fue aprobada en el Senado tres días antes. Así lo confirmó Kenia López Rabadán, titular de la cámara baja, quien indicó estar al tanto de las consultas recibidas sobre el estatus del documento.
Espera por la minuta legislativa
López Rabadán utilizó sus redes sociales para informar que, al corte de las 19:30 horas del viernes 3 de octubre, la minuta no había sido recibida por parte del Senado.
«Son las 7:30 pm, del viernes 3 de octubre, y me han preguntado por varias vías si ya recibimos la minuta de la Ley de Amparo. Informo que la Cámara de Diputados —hasta el momento— no ha recibido dicho documento por parte del Senado. Estamos pendientes»
, detalló la legisladora del PAN.
Contenido y controversia de la reforma
La reforma fue aprobada en el Senado el 1 de octubre por la coalición liderada por Morena, con 76 votos a favor y 39 en contra, procedentes de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Entre sus modificaciones centrales destaca una mayor delimitación del concepto de interés legítimo, que ahora exige una lesión jurídica real, individual o colectiva, diferenciada del resto de la población, cuya anulación otorgue un beneficio concreto al quejoso.
Asimismo, se establece que no procederá la suspensión cuando se busque continuar operaciones sin permisos, autorizaciones o concesiones federales vigentes. Los jueces deberán considerar no solo la apariencia del derecho, sino también el interés social y el orden público.
Límites a la suspensión y preocupaciones expresadas
Otro punto clave es la prohibición de suspensión en casos vinculados al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o que interfieran con las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluyendo el bloqueo de cuentas. Además, se prohíbe expresamente la suspensión provisional en estos escenarios.
La reforma también restringe la ampliación de la demanda de amparo a situaciones donde los nuevos actos no fueran conocidos al momento de presentar la demanda inicial. Asimismo, se fija un plazo de cinco días para notificar la resolución de admisión del recurso de revisión tras su emisión.
Reacciones políticas frente al cambio legal
Javier Corral defendió el dictamen, afirmando que surge de un proceso legislativo plural e informado, que fortalece el amparo sin afectar sus bases esenciales. Destacó que se realizaron dos audiencias públicas previas para garantizar una deliberación amplia. Subrayó que el interés legítimo se define con mayor claridad, sin impedir el acceso a la justicia para colectivos que acrediten afectaciones reales.
Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, argumentó que reglas más precisas sobre la suspensión buscan evitar que este mecanismo sea utilizado para perpetuar actos ilícitos o privilegios indebidamente otorgados.
En sentido contrario, Guadalupe Murguía criticó que la reforma no favorece a las personas, sino a las autoridades. «No es una reforma pro-persona, sino pro-autoridad. No fortalece al amparo, fortalece a las autoridades a las que blinda. Favorece la concentración de poder en las autoridades y reduce los contrapesos ciudadanos», afirmó.
Por su parte, Claudia Anaya del PRI advirtió que el uso del interés social como argumento para negar la suspensión podría afectar a grupos minoritarios. «Con una simple razón de Estado, te lo van a negar», señaló, expresando preocupación por el impacto en derechos individuales.
