La Cámara de Senadores dio luz verde en lo general al proyecto de decreto que modifica la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este paquete legal, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca modernizar y armonizar los procedimientos de justicia constitucional, fiscal y administrativa en el país.
Según el Senado, el objetivo central del dictamen es garantizar un acceso más ágil, transparente y con enfoque humanista al sistema de justicia. Asimismo, pretende fortalecer el amparo como herramienta esencial para la defensa de los derechos fundamentales, al tiempo que evita su uso dilatorio en procesos fiscales que afectan la recaudación de créditos firmes y, por ende, el interés colectivo.
Polémica por la Retroactividad y Críticas de Expertos
A pesar del respaldo legislativo, la reforma ha despertado fuertes cuestionamientos entre especialistas en Derecho Constitucional, particularmente respecto a la posible retroactividad de algunas disposiciones. El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en San Lázaro, aseguró que la Cámara de Diputados analizará la minuta con responsabilidad y sin atajos.
«En todo caso el transitorio debería decir que en el caso de juicios anteriores tiene que aplicarse la norma jurídica que inició el proceso, no la nueva que se está reformando, precisamente para que no se aplique retroactivamente la ley en perjuicio de las personas que están intentando, por la vía jurisdiccional, algún medio de defensa».
Monreal Ávila calificó como «inadecuado» el artículo transitorio que podría permitir efectos retroactivos, recordando que el artículo 14 constitucional prohíbe aplicar leyes en perjuicio de los justiciables. «Yo, esa parte diría, no estoy de acuerdo porque no puedes someter a un justiciable a acatar la ley que estás creando sin tomar en cuenta que antes había iniciado su juicio con normas distintas», señaló.
Principales Cambios en el Sistema de Amparo
Entre las modificaciones más relevantes destaca la limitación a la suspensión de actos relacionados con el bloqueo de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el fin de evitar que se detengan investigaciones por lavado de dinero. También se busca acabar con la práctica de acumular múltiples amparos para retrasar pagos fiscales, algunos de los cuales se prolongan por más de dos décadas.
- Freno al descongelamiento de cuentas: Se restringe la suspensión en casos vinculados a operaciones sospechosas.
- Agilización fiscal: Se limita la interposición sucesiva de amparos en procesos de cobro.
- Justicia digital: Se impulsa un juicio de amparo totalmente digital, con validez legal plena.
- Plazos definidos: Se establece un máximo de seis meses para resolver juicios fiscales en vía sumaria.
Otros elementos clave incluyen la redefinición del interés legítimo, la restricción a la ampliación de la demanda, el cumplimiento estricto de sentencias y la armonización de los ordenamientos fiscales y administrativos con el nuevo marco del amparo.
