Un segundo fallo judicial ha detenido el intento del presidente Donald Trump de desplegar efectivos militares en Portland, Oregon, luego de que una jueza federal emitiera una orden de restricción temporal contra el movimiento. La magistrada Karin Immergut argumentó que no existe evidencia suficiente que respalde la intervención armada, al señalar que los incidentes ocurridos no constituyen una insurrección organizada.
Confrontación entre poderes
El gobierno de Trump ordenó el traslado de 300 miembros de la Guardia Nacional de California y 400 de Texas a Oregon, poco después de que el primer bloqueo judicial frenara un despliegue previo dentro del mismo estado. Este nuevo intento fue visto por las autoridades estatales como una estrategia para sortear la decisión judicial. La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, criticó abiertamente la maniobra:
«la orden (del domingo) parece ser intencional para eludir la decisión de ayer (sábado) de una jueza federal», y añadió: «no hay necesidad de intervención militar en Oregon. No hay insurrección en Portland. No hay amenaza a la seguridad nacional. Oregon es nuestro hogar, no un objetivo militar».
Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newson, junto con Kotek, anunciaron que impugnarían la acción en tribunales, en defensa de la autonomía estatal frente a lo que consideran una injerencia federal inconstitucional.
Tropas desplegadas sin coordinación
Según informó Kotek, al menos 101 soldados de California ya habían arribado a Oregon la noche del sábado, sin que mediara comunicación oficial del gobierno federal. Un vocero de la gobernadora indicó que no podía confirmar su ubicación actual y remitió cualquier consulta al Departamento de Guerra.
Un memorando firmado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, detalla el despliegue y deja abierta la posibilidad de extenderlo a otras ciudades. Trump justificó la medida tras declarar que el país enfrenta «una invasión desde dentro», y sugirió utilizar áreas urbanas como «campos de entrenamiento» para las fuerzas armadas, según reportaron los corresponsales David Brooks y Jim Cason.
Falta de justificación legal
La jueza Immergut fundamentó su decisión en la ausencia de pruebas que vinculen los actos aislados contra instalaciones federales —como la agencia de Inmigración y Control de Aduanas— con un levantamiento coordinado. «La administración Trump no ha logrado demostrar que esos episodios de violencia formen parte de un intento organizado de derrocar al gobierno», subrayó en su fallo, reiterando que no existe base legal para activar fuerzas militares en el territorio estatal.
- El despliegue buscaba fortalecer la presencia federal en medio de protestas.
- Las autoridades estatales rechazan la militarización de espacios civiles.
- El conflicto profundiza la tensión entre gobiernos estatales y federales.
