Entre 2020 y 2025, un total de 9 mil 417 menores de edad fueron víctimas de delitos sexuales en Guanajuato, según datos oficiales presentados por la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo. De estos casos, el 65 por ciento corresponde a abuso sexual, lo que representa un promedio de al menos 89 menores afectados cada mes.
Cifras oficiales y detalles de los delitos
Las estadísticas se basan en las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado, que desglosan los delitos en diversas categorías: 6 mil 114 por abuso sexual, 2 mil 360 por violación, 265 por violación equiparada, 572 por acoso sexual, 103 por hostigamiento sexual y 3 por incesto. Estas cifras fueron reveladas durante un acto público encabezado por la mandataria estatal acompañada de la secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas Hernández, así como de Arcela González González, secretaria de la Honestidad, y Alejandro Sierra Lugo, consejero Jurídico del Gobierno del Estado.
«Entonces imagínense nada más en abuso sexual, en acoso sexual, en hostigamiento sexual, en incesto, que en 2021 hubo tres carpetas de investigación, solo en ese año se iniciaron carpetas, por violación, por violación equiparada. Entonces imagínense nada más cuando estamos hablando de 2020 a 2025, la sumatoria de niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de algún tipo de delito sexual», señaló la gobernadora.
Propuesta para crear un registro público de agresores
Como parte de las acciones para combatir esta problemática, se presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para crear el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, el cual deberá ser consultado obligatoriamente por instituciones educativas, sociales y laborales antes de cualquier proceso de contratación. Este registro busca que los delitos sexuales no prescriban, evitar la revictimización y obligar al Estado a implementar estrategias de prevención en escuelas y familias.
La gobernadora enfatizó que la iniciativa es de suma importancia para proteger a la niñez y adolescencia: «Entonces pues bueno esta es una iniciativa para mí que tiene mucha importancia, mucha relevancia y vamos a estarle dando seguimiento muy puntual, ya estará la coordinación y las diferentes instancias participando del Ejecutivo Estatal, participando en estas mesas de trabajo para hacer valer nuestra opinión, pero pues desde aquí un llamado muy respetuoso al Congreso de Guanajuato para que trabajemos todas y todos juntos en garantizarles a nuestras niñas y niños una vida plena», expresó.
Reformas penales y administrativas para mayor protección
Otra de las propuestas es una reforma al Código Penal en materia de violencia familiar, que incrementa las penas de prisión de 1 a 6 años a un rango de 2 a 9 años, con multas de hasta 90 días. En casos agravados, las sanciones podrán oscilar entre 3 y 12 años de prisión. Además, se eliminan beneficios procesales que facilitaban la reincidencia, se suprime la exigencia de violencia física como requisito para la persecución de oficio y se deroga el artículo 221-B, lo que cierra vacíos legales y fortalece la protección a personas en situación de vulnerabilidad.
«Cuando se comete un delito sexual, las víctimas cargan con las consecuencias para toda su vida; por eso los agresores también deben enfrentar consecuencias permanentes. Este Gobierno no va a permitir que vuelvan a poner en riesgo a nuestras hijas e hijos», subrayó la mandataria.
La tercera iniciativa propone agregar el artículo 57 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas, con lo cual el acoso sexual cometido por servidores públicos será considerado una falta grave. Esta medida permitirá sanciones severas, incluso la destitución del cargo, y busca armonizar la legislación local con compromisos internacionales para fomentar entornos laborales seguros, inclusivos y libres de violencia.
