Con preocupación creciente, trabajadores que realizan entregas mediante plataformas digitales han solicitado formalmente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detener la implementación de un gravamen del 2% sobre los servicios de reparto propuesto por el gobierno de la Ciudad de México, argumentando que este recargo afectaría de forma directa y severa sus ya limitadas ganancias.
Estos prestadores de servicios destacaron que sus ingresos ya se encuentran bajo presión constante debido a múltiples cargas fiscales y costos operativos, por lo que una medida adicional como esta profundizaría su precarización económica. En ese sentido, pidieron a los altos jueces entablar un diálogo abierto para exponer sus argumentos en contra de lo que consideran un tributo injustificado por el uso de vías públicas.
Apelación directa a la máxima instancia judicial
Frente a la inminente deliberación de la SCJN sobre la constitucionalidad del impuesto, agrupaciones representativas de repartidores hicieron entrega de una carta dirigida a los ministros en la que instan a rechazar la medida. En su lugar, proponen que el gobierno capitalino redireccione sus esfuerzos hacia la reducción de la inseguridad y la mejora de la infraestructura vial, aspectos que sí impactarían positivamente en sus condiciones de trabajo.
«Este impuesto afecta la demanda de pedidos, afecta restaurantes y en última instancia le pega al ingreso de las familias de los repartidores»
Llamado a la prensa y movilización ciudadana
Como parte de su estrategia de visibilización, las organizaciones convocaron a representantes de los medios de comunicación a un mensaje público programado para las 11:00 horas frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de amplificar su postura y generar mayor conciencia sobre las consecuencias sociales del nuevo gravamen.
