La oficina de presupuesto de la Casa Blanca confirmó el inicio de despidos generalizados entre el personal federal, como parte de una estrategia del gobierno de Donald Trump para intensificar la presión sobre los legisladores demócratas mientras el cierre administrativo entra en su décima jornada.
Russ Vought, titular de la Oficina de Administración y Presupuesto, anunció brevemente en la plataforma X que «los RIF han comenzado», haciendo referencia a los planes de reducción de personal destinados a achicar la estructura del gobierno federal. Un documento judicial reveló que más de 4,000 trabajadores federales serían afectados, aunque se advirtió que la situación financiera es «fluida y en rápida evolución».
Reacciones políticas ante los despidos
En declaraciones realizadas en la Oficina Oval, Trump indicó que «serán muchos, y anunciaremos las cifras en los próximos días. Pero serán muchos». Añadió que muchos de los afectados pertenecen a sectores con inclinación demócrata, sin precisar a qué se refería exactamente. «Vamos a tomar una decisión: ¿queremos muchos? Y debo decirles que muchos de ellos son de afinidad demócrata», afirmó. Respecto al perfil de los empleados, señaló: «Estas son personas que los demócratas querían, y que, en muchos casos, no eran las adecuadas. Muchos de ellos serán despedidos».
«Seamos francos: nadie obliga a Trump ni a Vought a hacer esto», dijo Schumer. «No tienen por qué hacerlo; quieren hacerlo. Están eligiendo cruelmente perjudicar a la gente: a los trabajadores que protegen nuestro país, inspeccionan nuestros alimentos y responden cuando ocurren desastres. Esto es un caos deliberado».
Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, responsabilizó directamente a Trump por los despidos, calificando la medida como un acto deliberado de daño contra funcionarios esenciales. Por su parte, la senadora republicana Susan Collins expresó que «me opongo firmemente al intento del director de la OMB, Russ Vought, de despedir permanentemente a los empleados federales que han sido suspendidos temporalmente debido a un cierre gubernamental completamente innecesario». La senadora Lisa Murkowski calificó la medida como «inoportuna» y «un ejemplo más de las acciones punitivas de esta administración contra la fuerza laboral federal».
Impacto en agencias federales y servicios públicos
El despliegue de despidos representa una medida más severa de lo habitual durante cierres gubernamentales, donde tradicionalmente los empleados son suspendidos temporalmente y reincorporados con pagos retroactivos al reanudarse las operaciones. Se estima que alrededor de 750,000 funcionarios están suspendidos. Los recortes afectan principalmente al Departamento del Tesoro, con más de 1,400 empleados despedidos, y al de Salud y Servicios Humanos (HHS), con más de 1,100 afectados. Educación y Vivienda y Desarrollo Urbano enfrentarían cada uno más de 400 despidos.
Además, el Departamento de Educación notificó nuevos despidos, concentrados principalmente en niveles bajos de la Oficina de Educación Primaria y Secundaria, mientras que la EPA, Comercio, Energía y Seguridad Nacional también preparan despidos parciales. Un portavoz de la EPA atribuyó la situación a la falta de apoyo demócrata para reabrir el gobierno, señalando que pueden votar por ello en cualquier momento.
Acciones legales y advertencias sobre el futuro del servicio público
La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE), que representa a miles de trabajadores federales, presentó una demanda contra la administración y solicitó a un juez federal que detuviera los despidos, describiéndolos como un abuso de poder. «Es vergonzoso que la administración Trump haya utilizado el cierre del gobierno como excusa para despedir ilegalmente a miles de trabajadores que prestan servicios esenciales a comunidades de todo el país», declaró Everett Kelley, presidente de la AFGE.
Trump adelantó que, si el cierre continúa, los recortes podrían volverse permanentes: «Si esto continúa, será sustancial, y muchos de esos empleos nunca volverán». La Alianza para el Servicio Público advirtió que más de 200,000 funcionarios han abandonado sus cargos desde enero por despidos, jubilaciones y renuncias incentivadas. «Estas reducciones innecesarias y erróneas de personal debilitarán aún más a nuestro gobierno federal, lo privarán de experiencia crucial y limitarán su capacidad para servir eficazmente al público», afirmó Max Stier, su director ejecutivo.
En el Capitolio, no hubo señales de avance en las negociaciones para reabrir el gobierno. Los republicanos han intentado convencer a demócratas de apoyar una medida temporal, pero estos se niegan sin garantías sobre la extensión de beneficios de salud. La senadora Patty Murray señaló que «el cierre no otorga a Trump ni a Vought nuevos poderes especiales» para despedir empleados, y acusó a la administración de intentar intimidar con tácticas abusivas.
