Tras un año de la incorporación de la Guardia Nacional (GN) como parte de la fuerza armada permanente del país, junto con el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, colectivos civiles alertan sobre un agravamiento en la crisis de derechos humanos, particularmente en perjuicio de mujeres y niñas.
Organizaciones defensoras señalan que la militarización de la seguridad pública ha intensificado la violencia estructural, destacando un aumento significativo en casos de agresión sexual durante operativos de detención. Según datos recabados por Intersecta, el riesgo de violación sexual durante detenciones asciende a 5% cuando intervienen policías municipales, sube a 12% con participación del Ejército y alcanza hasta 19% cuando la intervención corresponde a la Marina.
Mayor vulnerabilidad para mujeres detenidas
El análisis revela que mientras 8% de los hombres detenidos por personal militar reporta haber sufrido acoso sexual, tocamientos indebidos, intentos de violación u otras formas de agresión sexual, la cifra se eleva a 28.8% entre las mujeres, lo que evidencia el uso de la violencia sexual como herramienta de tortura y control.
Constanza Carrasco, coordinadora del área de Incidencia en Intersecta, señaló en entrevista con Cimacnoticias que la integración de la GN a las Fuerzas Armadas profundizó su naturaleza militar, «lo cual representa un riesgo, ya que son instituciones creadas bajo una narrativa de guerra y no para garantizar seguridad ciudadana ni protección de derechos humanos».
Lógicas patriarcales en instituciones armadas
Carrasco advirtió que estas instituciones operan bajo estructuras jerárquicas sustentadas en obediencia ciega, entornos machistas y patriarcales que facilitan la normalización de abusos. «Esto es un potencial riesgo para la vida de las mujeres», indicó, al señalar que en tales contextos no existe espacio para el diálogo ni la participación equitativa.
Asimismo, se han registrado múltiples denuncias de mujeres migrantes que han sufrido extorsión, violencia física, psicológica y agresiones sexuales durante patrullajes, inspecciones y detenciones realizadas por elementos de la GN y el Ejército en estaciones migratorias y espacios públicos.
La coordinadora destacó que estos abusos «son aún más frecuentes contra mujeres racializadas, indígenas y afrodescendientes», reforzando patrones de discriminación estructural.
Niñas víctimas de uso excesivo de la fuerza
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha documentado al menos cuatro casos de niñas que perdieron la vida de manera arbitraria durante operativos conjuntos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, como consecuencia del uso desmedido de la fuerza y disparos indiscriminados.
Carrasco enfatizó que los hallazgos evidencian que el modelo de seguridad basado en las Fuerzas Armadas, lejos de resolver los problemas de inseguridad, «este modelo de seguridad no solo ha sido ineficaz, sino que ha contribuido a exacerbarlos».
Impunidad y falta de acceso a la justicia
La integración de la GN fortalece el uso del fuero militar, sistema de justicia interno que históricamente ha permitido la impunidad y la opacidad. Aunque organizaciones civiles han logrado limitar parcialmente su aplicación en casos con civiles, en la práctica persiste la falta de investigaciones transparentes.
Las mujeres víctimas de abusos por militares enfrentan mayores barreras para denunciar y acceder a justicia, en un contexto de impunidad estructural y ausencia de supervisión civil efectiva.
Intersecta ha exigido la entrega de informes sobre el uso de la fuerza, obligatorios para todas las instituciones de seguridad, pero no se proporcionan bajo el argumento de que «no recaba la información», lo que impide conocer con precisión el número de personas fallecidas en enfrentamientos y evaluar el impacto real de las acciones militares.
Falta de fiscalización real
Si bien la ley establece que la Guardia Nacional no puede actuar sin supervisión, y que sus operativos deben ser revisados por el Senado y autorizados por jueces en casos sensibles, el Centro Prodh señala que en la práctica no existe fiscalización tangible.
La opacidad en su actuación y la ausencia de controles efectivos impiden el cumplimiento de estos mandatos, lo que representa un riesgo continuo para la población y consolida un modelo de seguridad sin rendición de cuentas.
