El gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos del partido Morena y de decenas de funcionarios de otros partidos en México, como parte de una estrategia más amplia de la administración de Donald Trump contra los cárteles de la droga y sus supuestos vínculos con figuras públicas, revelaron a Reuters dos funcionarios mexicanos.
Aunque algunos casos ya habían trascendido, la información proporcionada indica que las cancelaciones son mucho más extensas de lo que se conocía hasta ahora. Expertos y exrepresentantes diplomáticos estadounidenses coinciden en que, si bien gobiernos anteriores han tomado medidas similares, la actual administración las está aplicando en una escala sin precedentes.
Presión diplomática sin precedentes
«La administración Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México»
destacó Earl Anthony Wayne, embajador de EE.UU. en México entre 2011 y 2015. La medida ha generado inquietud entre la clase política mexicana, que frecuentemente viaja al país vecino del norte y requiere visa para hacerlo. Esta acción representa una expansión notable en las operaciones antidrogas de EE.UU., al enfocarse directamente en funcionarios activos, un tema generalmente evitado por su delicadez diplomática.
Una de las fuentes, un influyente político del partido en el poder, confirmó que más de 50 miembros de Morena han tenido sus visas canceladas, además de funcionarios de otros institutos políticos. Las fuentes consultadas pidieron anonimato por la sensibilidad del asunto.
Sin nombres ni explicaciones oficiales
Reuters no logró verificar los nombres de los afectados. Hasta la fecha, únicamente cuatro personas han reconocido públicamente la cancelación de su visa, entre ellas la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien negó categóricamente cualquier relación con el crimen organizado.
Estados Unidos no está obligado a justificar la revocación de una visa, y el estándar para hacerlo es más bajo que el requerido para imponer sanciones o iniciar procesos legales, según las fuentes. Un alto funcionario del Departamento de Estado declaró:
«Las visas, incluidas las de funcionarios extranjeros, pueden ser revocadas en cualquier momento (por) actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos»
.
Y añadió:
«La administración Trump ha mantenido una buena relación de trabajo con el gobierno de (la presidenta mexicana, Claudia) Sheinbaum, y esperamos seguir impulsando nuestra relación bilateral en beneficio de la agenda de política exterior de Estados Unidos primero»
.
Acciones similares en toda América Latina
La administración Trump también ha aplicado esta medida en otros países de la región. En Colombia, se anunció la cancelación de la visa del presidente Gustavo Petro tras su participación en una manifestación proPalestina en Nueva York y su llamado a la desobediencia militar. Petro respondió:
«No me importa»
.
En Brasil, más de 20 altos funcionarios y jueces han perdido su acceso a EE.UU., mientras que en Costa Rica, al menos 14 políticos y empresarios, entre ellos el expresidente y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias, han tenido sus visas revocadas. Arias, crítico abierto de Trump, afirmó que no se le dio ninguna razón al respecto.
En México, estas acciones masivas, enfocadas especialmente en miembros del partido de la presidenta Sheinbaum, podrían agravar una relación bilateral ya tensionada. A pesar de su estrecha cooperación en temas de seguridad y comercio, Sheinbaum ha rechazado las insinuaciones de funcionarios estadounidenses sobre posibles intervenciones militares unilaterales en territorio mexicano, que considera una violación a la soberanía nacional.
Visas como herramienta de inteligencia
Una tercera fuente con acceso a información sobre el tema indicó que las cancelaciones forman parte de la estrategia de seguridad de Trump, y que la clasificación de ciertos cárteles como organizaciones terroristas ha incrementado el peso de la inteligencia de la DEA en decisiones sobre visas.
ProPublica fue el primer medio en informar que autoridades estadounidenses planeaban cancelar docenas de visas a figuras políticas mexicanas por presuntos lazos con cárteles. En junio, Reuters reveló que la administración presionaba a México para que investigara y judicializara a políticos con posibles vínculos al crimen organizado.
Silencio y preocupación en México
Las autoridades estadounidenses no han ofrecido explicaciones detalladas sobre las cancelaciones, según cuatro fuentes mexicanas, lo que ha generado incertidumbre entre los funcionarios sobre si podrían ser los próximos. La mayoría de los afectados ha guardado silencio público, temiendo que el hecho afecte su reputación.
Roberta Jacobson, embajadora de EE.UU. en México entre 2016 y 2018, señaló que tradicionalmente las cancelaciones ocurrían solo tras condenas penales o investigaciones activas. Aunque una visa revocada no implica necesariamente una investigación criminal, puede ser un indicio de que EE.UU. tiene sospechas fundadas.
«Lo más probable es que no se sepa si Estados Unidos está investigando o no durante años»
advirtió Jacobson.
El Departamento de Estado no publica estadísticas sobre la cancelación de visas a funcionarios extranjeros. John Feeley, exembajador en Panamá, afirmó que no recuerda ningún caso similar durante su gestión. Además, advirtió que estas acciones generalizadas podrían ser contraproducentes, ya que podrían hacer que la presidenta Sheinbaum perciba su colaboración con EE.UU. como un costo político demasiado elevado.
«Podría generar reacciones negativas, ya que la presidenta Sheinbaum considera que colaborar con Estados Unidos tiene un costo político demasiado alto»
