El 15 de octubre de 2025, Laura Puente Enríquez fue incluida en el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, luego de que la Secretaría de Gobernación confirmara que sufrió hostigamiento vinculado a su labor informativa. La resolución, emitida mediante el oficio DGPDDHP/915/URC/1957/2025, responde a una investigación periodística publicada el 21 de agosto, en la que se reveló el resultado de una licitación pública de Caminos y Puentes Federales (Capufe), identificada como LA-09-J0U-009J0U001-N-91-2025, que excluyó a empresas ligadas a intereses del ex subsecretario Manuel Rodríguez Arregui.
Un caso de presión tras licitación
La licitación, bajo la dirección de Rubén Hernández Bermúdez en Capufe, dejó fuera a consorcios como Controles Electromecánicos y Kapsch Trafficcom, que durante años mantuvieron contratos pese a recurrentes fallas en los sistemas de cobro automático. Detrás de Controles Electromecánicos opera una red empresarial que incluye a Neology y al fondo AINDA Energía e Infraestructura, cuya figura principal es Rodríguez Arregui. Tras su salida de la administración pública durante el gobierno de Felipe Calderón, el exfuncionario ha consolidado su presencia en el sector privado, enfocándose en negocios relacionados con el telepeaje.
A pesar de que las empresas afectadas tenían vías legales para impugnar el fallo, Rodríguez Arregui y su socio, Óscar de Buen Richkarday, optaron por contactar directamente a varios periodistas, incluida Puente Enríquez, utilizando un enfoque claramente intimidatorio. Los hechos fueron documentados y presentados ante la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez, quien validó la situación y ordenó la protección de la comunicadora.
Legalidad vulnerada por presión indebida
Lo más llamativo es que no era necesario recurrir al hostigamiento: el Órgano Interno de Control (OIC) de Capufe, en un oficio del 16 de octubre, ya había instruido la reposición del fallo en seis días hábiles debido a dos irregularidades menores en la evaluación técnica. Esta decisión muestra que el proceso administrativo estaba siendo corregido sin necesidad de presión externa.
Además, se han registrado en 2024 un total de 594 penalizaciones contra empresas del sector por incumplimientos en mantenimiento correctivo. Internamente, también surgieron alertas sobre accesos no autorizados y desactivaciones sospechosas de sistemas de cobro, lo que derivó en investigaciones por posibles actos de sabotaje. Desde su posición en el sector privado, Rodríguez Arregui ha ejercido influencia para favorecer a sus empresas, evidenciando una resistencia ante la pérdida de privilegios adquiridos durante años.
Alianza por la salud entre gobierno y sector privado
En otro ámbito, se dio a conocer un acuerdo entre la Secretaría de Salud, dirigida por David Kershenobich, y la Industria Mexicana de Coca-Cola, tras la propuesta de un incremento en el IEPS para bebidas azucaradas. La compañía declaró que busca un “diálogo abierto y colaboración efectiva” y asumió medidas proactivas alineadas con las políticas públicas. Entre ellas destacan una reducción progresiva de calorías en sus productos, impulso a bebidas bajas o sin azúcar y estrategias de mercadotecnia responsable que eviten impactar a menores de 16 años.
Esta iniciativa representa un modelo de participación del sector privado en temas de salud pública como la obesidad y la diabetes. Las autoridades y la industria coinciden en que el problema es multifactorial, que involucra hábitos alimenticios, productos procesados y estilos de vida. Se espera que otras empresas del ramo se sumen a esta estrategia para ampliar su alcance y ofrecer opciones más saludables a la población.
Respuesta solidaria ante emergencias climáticas
Ante los efectos de los fenómenos meteorológicos “Priscilla” y “Raymond”, que afectaron severamente a Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, Rosa Icela Rodríguez reconoció la respuesta coordinada de múltiples entidades. Gobiernos estatales de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, además del Senado de la República, aportaron víveres, medicamentos, herramientas, cinco tráilers con suministros, equipos con operadores, pipas, retroexcavadoras, kits de limpieza, plantas potabilizadoras, un helicóptero y camas. En la Ciudad de México se activaron 32 centros de acopio para apoyar a las zonas afectadas.
Reacomodo político en el Estado de México
En el terreno político, Karla Cortés Treviño se integró al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, bajo la dirección de José Couttolenc. Exesposa de Arturo Montiel, quien estuvo 26 años en el PRI, su llegada refleja un reacomodo en el panorama local, donde varios priistas han migrado a Morena o al PVEM. Cortés Treviño, quien fungió como coordinadora de campaña de Alejandra del Moral en atención a grupos vulnerables y ocupó cargos en la Universidad de la Salud mexiquense, buscará fortalecer las causas sociales desde su nueva militancia. El PVEM mantiene una presencia significativa en la entidad con cerca de 200 regidores y regidoras distribuidos en 125 municipios, de cara a los comicios de 2026.
