La mandataria nacional Claudia Sheinbaum envió al Congreso una propuesta integral contra la extorsión, que incluye la creación de un delito federal único, sanciones estandarizadas en todo el país y mecanismos para proteger la identidad de quienes denuncien, sin que esto implique una denuncia completamente anónima.
Marco legal y homologación de sanciones
La iniciativa busca emitir una ley general y modificar seis ordenamientos jurídicos para sustentar formalmente la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada previamente en julio. Entre sus fundamentos, se destaca que, pese a la disminución de otros delitos, la extorsión alcanzó un promedio de 20.8 casos diarios entre 2019 y 2024, con diferencias significativas en definiciones y castigos entre entidades, además de problemas en la delimitación de competencias entre niveles de gobierno.
Se establece como delito federal:
«obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico»
. La pena propuesta será de seis a quince años de prisión y una multa de cien a quinientas veces la UMA, lo que este año equivale a entre 11,314 y 56,570 pesos.
Atención especializada y coordinación institucional
Se plantea la creación del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que operará a través del número 089. Este organismo tendrá como funciones recibir, registrar, canalizar, atender y dar seguimiento a las denuncias, además de coordinarse con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para fortalecer la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica. Esta herramienta será clave para detectar patrones delictivos, prevenir fraudes y apoyar investigaciones.
Para optimizar recursos, las unidades especializadas en secuestro serán reforzadas para investigar extorsiones, evitando duplicar estructuras.
«Esta decisión refleja un principio de economía institucional: no crear estructuras paralelas, sino fortalecer las ya existentes con nuevas atribuciones»
.
Protección a víctimas y participación en el proceso
Se reconoce que la denuncia podrá presentarse sin revelar la identidad,
«Cualquier persona que sufra una extorsión podrá presentar una denuncia sin necesidad de revelar su identidad, utilizando mecanismos como el número 089»
, pero se aclara que se requerirá la colaboración del afectado durante la investigación. No será obligatorio ratificar la denuncia para que se abra la carpeta de investigación, pero sí se podrá solicitar información adicional.
Se contempla la reserva de identidad en actos judiciales, el uso de mecanismos para evitar la identificación visual o auditiva, y la posibilidad de participar a distancia mediante tecnología. Las notificaciones podrán dirigirse a través de un asesor jurídico o el Ministerio Público para evitar contacto directo con los imputados.
«De manera complementaria, se faculta a las personas juzgadoras a imponer medidas cautelares como la prohibición absoluta de contacto de las personas imputadas con víctimas, las y los ofendidos o testigos, sujetas a revisión periódica»
.
Agravantes y delitos vinculados
La propuesta incluye 34 agravantes clasificados en tres categorías. En caso de daño patrimonial —como cobro de piso, imposición de precios o uso del sistema financiero— o si la extorsión se comete contra candidatos, la pena podrá aumentar hasta en una tercera parte.
Si la víctima es migrante, menor de 18 años, persona embarazada o mayor de 60, el aumento será hasta en la mitad. Cuando se emplee violencia física, moral o psicológica, o se simule un accidente de tránsito (conocido como «monta choques»), la pena podrá incrementarse hasta en dos terceras partes.
Para casos graves, se establece prisión preventiva oficiosa y se prohíben mecanismos alternativos de resolución de conflictos y preliberaciones. También se propone un régimen especial para quienes colaboren en actividades logísticas o encubran extorsionadores, como introducir teléfonos a centros penitenciarios.
La iniciativa prevé reformas al Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley Nacional de Extinción de Dominio y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
