En Michoacán, la extorsión se ha vuelto una amenaza cotidiana para productores y comerciantes como polleros, vendedores de tortillas, limoneros y aguacateros, quienes, por temor a represalias, evitan denunciar los cobros de piso. Este silencio ha permitido que el 96% de los casos de extorsión en el estado durante 2024 no lleguen a las autoridades, según datos del INEGI, alcanzando picos históricos como el 99.8% de no denuncia en 2012.
Un delito arraigado en la impunidad
El estado se encuentra entre las ocho entidades del país con mayor concentración de víctimas de extorsión, junto con Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz y Jalisco. De acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, estas entidades acumulan el 66% de los casos a nivel nacional. Pese a ello, Michoacán reportó solamente 583 denuncias en lo que va de 2025, apenas el 7.2% del total registrado en el país.
El crimen organizado ha diversificado sus ingresos ante la caída del precio del opio, provocada por el auge de drogas sintéticas. Un análisis de Insight Crime revela que
«Michoacán y su vecino Guerrero han sido por mucho tiempo lugares codiciados por los grupos criminales, como centros de la producción de heroína en México. Pero el auge de los opioides sintéticos ha causado un desplome del precio del opio a menos de una tercera parte de su valor de 2017, lo que dejó a los carteles de la droga peleándose por fuentes de ingreso alternativas»
.
La lucha de un líder asesinado
El asesinato de Bernardo Bravo, líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, sacudió al estado y puso en evidencia el alto costo de enfrentar a los cárteles. Bravo, quien se autodenominaba «orgullosamente Limonero» en redes sociales, denunció públicamente las extorsiones a productores de limón en regiones como Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Múgica. En una entrevista con Expansión Política, afirmó que
«Hay cobros desde hace tiempo, porque tú te encuentras con estas gentes y te piden… De que hay una afectación de la violencia, pues sí, todos los productores hemos sido afectados, no es novedad, tiene años»
.
El 15 de octubre, en una publicación, exigió
«seguridad para trabajar nuestra tierra sin miedo»
. A pesar de contar con escolta, no fue acompañado durante el traslado en el que fue asesinado. Las autoridades investigan por qué abandonó la custodia al cambiar de vehículo en Apatzingán. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que los elementos de seguridad ya rinden sus declaraciones.
Acciones gubernamentales frente a la crisis
El gobierno estatal ha intensificado la lucha contra el delito: reformó el marco legal para equiparar la extorsión con el secuestro, estableciendo penas de entre 15 y 25 años de prisión. También se incluyeron agravantes cuando el delito se comete contra comerciantes o personas privadas de la libertad. Además, el gobierno federal detuvo a Jhon Mario Guzmán Arias, conocido como »El Llanero», señalado como extorsionador de limoneros.
La estrategia también es impulsada a nivel federal. La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una política nacional contra la extorsión, reconociendo la gravedad del fenómeno en estados como Michoacán.
Impacto en la seguridad alimentaria
El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) emitió un fuerte posicionamiento tras el asesinato de Bravo, condenando los crímenes contra productores.
«El crimen organizado, la extorsión, las amenazas y los asesinatos no pueden seguir condicionando la actividad de quienes trabajan la tierra todos los días»
, señaló el organismo. Además, advirtió que entre el 10% y el 20% del costo de productos agroalimentarios se debe a pagos forzados a grupos criminales, lo que representa una amenaza no solo para los campesinos, sino para la seguridad alimentaria del país.
