Un nuevo fármaco inyectable cada seis meses, conocido como lenacapavir, podría prevenir hasta 84,000 casos de VIH en América Latina entre 2026 y 2030, según cálculos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México. Sin embargo, su implementación en la región enfrenta serias trabas derivadas de patentes privadas, precios elevados y la falta de marcos regulatorios que faciliten su acceso.
Este antirretroviral, desarrollado por la compañía farmacéutica Gilead, representa un avance clave en la prevención del VIH al ofrecer una alternativa inyectable de larga duración frente a los tratamientos orales diarios. Actúa en tres etapas del ciclo del virus del VIH y se administra mediante una inyección subcutánea cada medio año.
Potencial científico y limitaciones económicas
Los estudios clínicos PURPOSE 1 y 2, realizados en países como Sudáfrica, Estados Unidos, Brasil, Argentina y México, mostraron una eficacia del 96% y una adherencia del 91%, con solo dos infecciones registradas entre miles de personas participantes. Este alto nivel de cumplimiento abre la posibilidad de superar uno de los principales obstáculos en las estrategias de prevención: la inconsistencia en el uso diario de fármacos orales.
«Los problemas de adherencia podrían encontrar aquí una solución viable, especialmente entre jóvenes y poblaciones clave», señaló el doctor Ariel Terrón, del Instituto AHF de Salud Pública Global.
El modelo elaborado por el INSP, bajo la dirección de Tonatiuh Barrientos, proyectó el impacto del medicamento en Argentina, Colombia, México, Perú y Venezuela. En el escenario más favorable, se prevendría el 68% de las infecciones, lo que equivaldría a 84,000 casos evitados en cinco años.
Desigualdad en el acceso regional
A pesar de su eficacia, el acceso al lenacapavir en América Latina es casi nulo. En Estados Unidos, su costo ronda los 28,218 dólares anuales por persona, una cifra desproporcionada comparada con los 1,836 dólares que representa el tratamiento de una persona con VIH en México.
«Con ese costo, ningún país latinoamericano puede implementarlo», advirtió Jorge Saavedra, director del Instituto AHF. Destacó que únicamente Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Bolivia y Venezuela —que representan apenas el 10% de la población regional— fueron incluidos en el acuerdo de acceso global establecido por Gilead, dejando fuera a naciones con las mayores tasas de infección.
Además, la activista colombiana Luz Marina Umbacia, de Public Citizen, denunció que las licencias voluntarias otorgadas por la farmacéutica bloquean la producción de versiones genéricas en la región. «El acceso a lenacapavir no puede ser un privilegio. Es una cuestión de justicia sanitaria», afirmó.
Presión por acceso equitativo y cooperación regional
Otros obstáculos incluyen solicitudes de nuevas patentes en países como México, estrategias que prolongan el monopolio de Gilead y retrasan la entrada de alternativas más económicas, a pesar de que el medicamento ya esté registrado en otras zonas del mundo. Más de 100 organizaciones de la sociedad civil impulsan una campaña continental para exigir transparencia en los precios, licencias justas y mecanismos que permitan la fabricación local del fármaco.
Desde el sistema de salud mexicano, la doctora Georgina Morales, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), confirmó que el país ya cuenta con personal capacitado y la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para realizar pruebas piloto. «Tenemos la experiencia y la disposición, pero no el acceso. Estas estrategias deben complementar la PrEP oral, no reemplazarla», subrayó.
El encuentro concluyó que la solución más viable es la negociación colectiva de países latinoamericanos, ante la ausencia de mecanismos regionales de compra conjunta y fijación de precios. «Latinoamérica tiene el conocimiento y la infraestructura, pero sigue fragmentada. Si negociamos juntos, podremos garantizar acceso y salvar miles de vidas», sentenció Saavedra.
