Una resolución emitida por una jueza federal permite que Uber reanude sus operaciones en los aeropuertos de México, al considerar ilegal la detención de sus conductores cuando transportan pasajeros en zonas bajo jurisdicción federal. Esta medida se aplica a más de 70 terminales aéreas del país, garantizando que los choferes ya no puedan ser intervenidos por autoridades al recoger o dejar usuarios.
Resolución judicial respalda operación de plataformas digitales
La suspensión definitiva otorgada por la autoridad judicial establece que no existe fundamento legal para impedir el acceso de conductores de aplicaciones de movilidad en los aeropuertos. La decisión surge en el marco de un juicio de amparo interpuesto por la empresa, cuyo proceso continúa en curso mientras se emite una resolución final.
Uber destacó en un comunicado que esta medida representa un avance significativo para la movilidad segura y eficiente en puntos estratégicos del país, especialmente en momentos en los que México se prepara para recibir al Mundial de Futbol 2026. La compañía confía en que esta suspensión se convierta en una resolución permanente.
Llamado a autoridades y legisladores
“Uber insta a las autoridades federales a cumplir con esta suspensión definitiva, y pide al Congreso de la Unión que legisle sobre el tema para mejorar el ecosistema turístico nacional e internacional, reafirmando que las plataformas deben tener acceso a los aeropuertos federales para eficientar la movilidad en esos espacios, que son la carta de presentación de México hacia el mundo”
En el documento oficial, la empresa subrayó la necesidad de una regulación clara que permita integrar las plataformas digitales al sistema de transporte público y turístico del país, especialmente en zonas de alto flujo como los aeropuertos.
¿Desde cuándo aplica la medida?
Aunque la empresa no indicó una fecha exacta para el inicio formal de operaciones, dejó en claro que, a partir de la suspensión, ninguna autoridad federal tiene facultad para detener a los conductores de Uber en los aeropuertos del país. Esto significa que la operación puede reanudarse de inmediato, sin riesgo de intervención policial, mientras el juicio de amparo sigue su curso legal.
