El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, emitió este viernes un fuerte reclamo contra Estados Unidos por una serie de ataques letales contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que han dejado más de 60 muertos desde principios de septiembre. En un comunicado, Türk señaló que estas acciones constituyen posibles ejecuciones extrajudiciales y una violación manifiesta del derecho internacional de los derechos humanos.
«Según informes, más de 60 personas han muerto en una serie continua de ataques perpetrados por las Fuerzas Armadas estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde principios de septiembre, en circunstancias que no encuentran justificación alguna en el derecho internacional», declaró Türk. Instó al Gobierno de Donald Trump a detener inmediatamente estas operaciones y a cumplir con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza letal.
Condena por uso desproporcionado de la fuerza
El funcionario de la ONU enfatizó que, incluso si los ocupantes de las embarcaciones son sospechosos de actividades ilícitas, el derecho internacional solo permite el uso intencional de la fuerza letal como último recurso y cuando exista una amenaza inminente a la vida. «Estos ataques —y su creciente costo humano— son inaceptables. Estados Unidos debe cesar tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para prevenir las ejecuciones extrajudiciales de personas a bordo de estas embarcaciones, independientemente de la conducta delictiva que se les impute», sostuvo.
«Con base en la escasa información proporcionada públicamente por las autoridades estadounidenses, ninguna de las personas a bordo de las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente para la vida de otros ni justificar de otro modo el uso de la fuerza letal contra ellas según el derecho internacional», agregó.
Guerra no declarada contra cárteles
La Administración Trump ha justificado las operaciones bajo el argumento de un «conflicto armado» con cárteles de droga, invocando la misma autoridad legal usada tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado una considerable fuerza naval y aérea en la región, incluyendo destructores Aegis, buques de asalto anfibio, submarinos con capacidad de lanzar misiles de crucero y aviones F-35 en Puerto Rico.
El 2 de octubre, un memorando presidencial declaró oficialmente a los cárteles como combatientes ilegales, ampliando extraordinariamente las facultades militares del Ejecutivo sin autorización del Congreso. Esta medida ha generado críticas por exceder las competencias presidenciales y carecer de respaldo legal claro.
Ataques escalan sin transparencia ni pruebas
Desde el primer ataque el 2 de septiembre, en el que murieron 11 personas, hasta el más reciente el 29 de octubre, Washington ha reportado diez operaciones mortales. Algunas de ellas ocurrieron en el Pacífico oriental, extendiendo la zona de operaciones. El ataque más sangriento, el 27 de octubre, dejó 14 muertos tras impactar cuatro lanchas en aguas internacionales, con un sobreviviente rescatado por la Marina mexicana.
En varios casos, las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas concretas sobre los vínculos de las víctimas con organizaciones criminales ni evidencia de que las embarcaciones portaban drogas. Trump ha argumentado que «grandes bolsas de cocaína y fentanilo» flotaban en el océano tras los impactos, aunque no se han mostrado imágenes contundentes.
«Combatir el grave problema del tráfico ilícito de drogas a través de las fronteras internacionales es, como se ha acordado desde hace tiempo entre los Estados, una cuestión de aplicación de la ley, regida por las estrictas limitaciones al uso de la fuerza letal establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos»
Funcionarios venezolanos, como el ministro del Interior Diosdado Cabello, han calificado estos actos como asesinatos confesos, cuestionando cómo se identificó a las víctimas como miembros del Tren de Aragua. «¿Tenían un chip? ¿Un código QR?», ironizó.
Presión internacional y llamado a investigar
Además de la ONU, senadores estadounidenses y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad y la falta de supervisión de estas operaciones. Türk exigió investigaciones «rápidas, independientes y transparentes» sobre cada uno de los incidentes.
El 15 de octubre, Trump reveló que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela y consideró ataques terrestres, lo que elevó las tensiones diplomáticas en la región. Hasta la fecha, no se ha confirmado si se planean operaciones directas contra líderes extranjeros.
