El líder de la oposición en Andalucía, Mario Jiménez, reveló indicios de que documentación crítica relacionada con contratos de emergencia del Sistema Andaluz de Salud (SAS) habría sido eliminada o alterada, en una maniobra que podría estar vinculada a desvíos millonarios. El político socialista señaló que al menos 53 millones de euros estarían involucrados en estos procesos opacos, que habrían sido gestionados bajo la figura de contrataciones urgentes por el Gobierno regional.
Manipulación documental bajo sospecha
Desde Granada, Jiménez denunció que información que inicialmente fue presentada ante la autoridad judicial «presuntamente se ha mutilado» y que parte de ella desapareció cuando se solicitó su remisión formal.
«Esto no es fruto de la casualidad»
, afirmó, y agregó que dicha acción responde a «una estrategia premeditada, calculada e impulsada desde San Telmo», sede del gobierno andaluz.
El portavoz de Presidencia del PSOE-A subrayó que desde mayo se ha solicitado acceso a comunicaciones entre funcionarios del SAS y proveedores adjudicados directamente, «y desde mayo, la respuesta ha sido la omisión y la ocultación».
Obstrucción a la justicia y crisis sanitaria
Jiménez acusó a la Junta de adoptar una postura activa de «ocultación, entorpecimiento e incluso manipulación» desde que comenzó la investigación judicial. Temió que se esté «destruyendo» evidencia crucial para esclarecer el uso irregular de fondos públicos. Este caso, originado tras una denuncia del PSOE-A por presunta malversación, podría estar «en la base del deterioro» del sistema sanitario andaluz, especialmente evidente en la actual crisis del cáncer de mama.
Según el diputado, el colapso actual obedece a dos factores principales: una administración «desastrosa, inhumana y carente de empatía» hacia los pacientes, y una política de «saqueo permanente» mediante el desvío de recursos del sector público al privado, favoreciendo a grandes corporaciones médicas.
Desacato institucional y falta de transparencia
El PSOE-A también criticó que la Junta evada responsabilidades al no entregar datos solicitados por el Ministerio de Sanidad sobre programas de cribado en Andalucía. Además, señaló que el Ejecutivo de Juanma Moreno impidió la creación de una comisión de investigación en el Parlamento regional sobre el mismo asunto.
«Esta estrategia judicial e institucional –al no remitir la información de los cribados al Ministerio o al impedir la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía– pone en evidencia y termina de desenmascarar por completo a Moreno»
, afirmó Jiménez.
Y lanzó un fuerte reproche:
«Ni moderado, ni dialogante, ni tolerante, ni transparente, ni defensor de la política del diálogo y el entendimiento»
, para concluir que el presidente andaluz exhibe «la peor cara de un gobernante muy de derechas, sin escrúpulos y sin compromiso con la verdad ni con los ciudadanos sobre los que gobierna».
