Desde febrero de 2022, cuando comenzó el proceso de regularización de vehículos ingresados de manera irregular al país, las autoridades federales han dejado en claro que estos automóviles, aunque cuenten con documentación mexicana, no tienen permitido salir del territorio nacional. Esto debido a que su estatus corresponde a unidades regularizadas, no legalmente importadas.
Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano han sido desplegados en puntos fronterizos clave, como el Puente Internacional número 1 en Piedras Negras, Coahuila, con el fin de impedir que dichos vehículos regresen desde Estados Unidos.
Alerta ciudadana por presunta corrupción
Durante mucho tiempo, fueron comunes los casos de decomisos al cruzar estos autos al otro lado de la frontera, generalmente por desconocimiento de la norma. Sin embargo, recientemente se ha notado una disminución en estas confiscaciones, lo que generó la percepción de mayor cumplimiento. Pero según denuncias ciudadanas, la realidad es distinta.
En foros de redes sociales, especialmente en grupos de Facebook, comenzaron a circular testimonios que señalan una nueva práctica: militares que, en lugar de retener los vehículos, exigen dinero a cambio de permitir el paso.
Pago por no decomiso
Una persona que cruzó por el Puente 1 afirmó que los soldados le recordaron que su auto no podía salir del país y que, por esa razón, deberían quitárselo. Sin embargo, le ofrecieron otra opción: pagar 11 mil pesos. Tras una negociación, finalmente aceptaron 4 mil pesos y le permitieron continuar.
Dejó en claro que en ningún momento le mintieron, ya que le informaron que esos autos no deben cruzar la frontera y que deberían confiscarle la unidad por ello.
Otros usuarios corroboraron experiencias idénticas. Un caso mencionado fue el de un conductor al que le exigieron 6 mil pesos para no decomisar su vehículo al regresar de Eagle Pass, Texas.
Patrón de corrupción en aumento
Estas revelaciones han encendido las alertas sobre actos de corrupción institucional en los cruces fronterizos de la región. Los ciudadanos sostienen que, si bien antes se perdían los autos por ignorancia de la ley, ahora parece existir un esquema de moches para evitar sanciones, operado directamente por personal castrense.
- Los vehículos regularizados no pueden salir de México
- El Ejército tiene instrucción de impedir su reingreso
- Se denuncian cobros entre 4 mil y 11 mil pesos para permitir el paso
- Las víctimas aseguran que se les informa de la irregularidad, pero se les ofrece pagar
