Los desarrolladores y asesores inmobiliarios deberán implementar sistemas automatizados para combatir el lavado de dinero, derivado de los cambios recientes a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente conocida como la ley antilavado, advirtió Elimelec Moreno, titular de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados (Asonoc).
Refuerzo en las obligaciones del sector inmobiliario
En una conferencia dirigida a miembros de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Monterrey, el experto explicó que las modificaciones legales amplían significativamente las responsabilidades en materia de cumplimiento para los profesionales del sector inmobiliario.
«Ya no hay opción: los agentes inmobiliarios deben contar con un encargado de cumplimiento, un manual y mecanismos automatizados para prevenir el lavado de dinero», explicó Elimelec Moreno, presidente de la Asonoc».
Destacó que el incumplimiento puede acarrear sanciones económicas severas, ya que «Las multas por omitir avisos pueden superar el millón de pesos por cada falta, así que es fundamental profesionalizar los procesos de prevención», agregó.
Control del efectivo y trazabilidad en operaciones
Moreno enfatizó que una de las metas centrales de la reforma es reforzar el rastreo de transacciones en el mercado inmobiliario y reducir el uso de efectivo, que históricamente ha sido un canal clave para introducir dinero de origen ilícito en la economía legal.
«Al tener una limitante en el uso de efectivo, se evita que el dinero sin origen comprobable se canalice hacia bienes inmuebles o vehículos de lujo», detalló.
El especialista insistió en la necesidad de adoptar protocolos más rigurosos, como la identificación del beneficiario final de las operaciones y el uso de plataformas tecnológicas para el seguimiento constante de los clientes.
Conciencia y profesionalización en la industria
Juan Manuel Escobedo, líder de AMPI Monterrey, subrayó que el éxito de estas medidas depende de la disposición del gremio para asumir el cumplimiento normativo como una práctica cotidiana y esencial del negocio.
«Así como tenemos un contador público, debemos tener un oficial de cumplimiento y para quienes ya comprendemos el espíritu de la ley, no es una carga más, sino una obligación que debemos ver igual que el pago de impuestos», afirmó Juan Manuel Escobedo.
