Las relaciones entre México y Perú se encuentran en un estado crítico tras la decisión del gobierno peruano de romper vínculos diplomáticos, en respuesta a la concesión de asilo político por parte de la embajada mexicana en Lima a Betssy Chávez, exjefa del gabinete y cercana al expresidente Pedro Castillo, quien enfrenta procesos judiciales por el intento de autogolpe de Estado a finales de 2022.
Rechazo diplomático y defensa del asilo
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México calificó la decisión peruana como «excesiva y desproporcionada», destacando que la acción de otorgar asilo se realizó dentro del marco del derecho internacional y sin interferir en asuntos internos del país andino. En un comunicado oficial, el gobierno mexicano afirmó que esta medida responde a «la larga tradición mexicana de asilo diplomático, arraigada en nuestra historia y en nuestros principios humanistas».
La dependencia reiteró su compromiso de mantener viva esta práctica humanitaria, que ha sido parte fundamental de su política exterior a lo largo del tiempo.
Crisis prolongada con Perú
La ruptura formal actual se inscribe en una crisis diplomática previa que data de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador fue declarado persona non grata en Perú tras cuestionar la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte, a quien calificó de producto de un golpe de Estado. En respuesta, el embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, fue expulsado, quedando la representación diplomática reducida al nivel de encargado de negocios.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, la postura se ha mantenido firme. Sheinbaum ha manifestado públicamente su respaldo a Castillo, declarando: «Consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo, nuestra solidaridad siempre con él. La destitución (de Boluarte) fue por unanimidad».
Asilo para familiares de Castillo
Desde finales de 2022, Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, junto con sus dos hijos, reside en México bajo asilo político otorgado por el gobierno mexicano, lo que ha profundizado las tensiones con las autoridades peruanas.
El precedente del asalto en Quito
La situación con Ecuador representa otro frente abierto. En abril de 2024, la policía ecuatoriana ingresó por la fuerza a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había solicitado asilo en la sede diplomática. El incidente provocó la ruptura inmediata de relaciones por parte de México, que denunció la violación de la Convención de Viena ante instancias internacionales.
«México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú»
Pese a la gravedad del caso peruano, el canciller peruano Hugo de Zela descartó que Lima recurra a acciones similares a las de Ecuador, asegurando que Perú respetará las normas internacionales sobre la inviolabilidad de las representaciones diplomáticas.
